- La propuesta, impulsada por la legisladora Alejandra Barrales, busca derogar los artículos que exigen vincular los números a la CURP y ordena la destrucción masiva de los datos ya recopilados.
El polémico registro obligatorio de líneas celulares en México ha desatado un nuevo frente de batalla en el terreno legislativo. La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República presentó una iniciativa de ley que busca dar marcha atrás a esta medida, proponiendo la eliminación total de la obligación de vincular cada tarjeta SIM con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y exigiendo el borrado absoluto de la base de datos gubernamental.
Esta propuesta llega en un momento de alta tensión para la política digital del país, en medio de miles de amparos promovidos por ciudadanos, serias advertencias de especialistas sobre la vulnerabilidad de los datos personales y tras la reciente prórroga otorgada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para que los usuarios completen su registro.
La ruta legal: Derogar el padrón desde la Ley de Telecomunicaciones
De acuerdo con reportes de medios especializados como Xataka y portales nacionales como Milenio, la iniciativa formal fue presentada en la tribuna de la Cámara Alta por la vicecoordinadora del grupo parlamentario de MC, la senadora Alejandra Barrales.
El proyecto de decreto contempla reformas profundas a la legislación vigente, proponiendo de manera específica:
- Derogar los artículos 103 y 164 (fracción III) de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, eliminando el sustento legal que condiciona la línea telefónica.
- Anular el artículo Trigésimo Transitorio del mismo ordenamiento, frenando de tajo los plazos de ejecución del padrón.
La legisladora argumentó que condicionar un servicio público esencial como la telefonía móvil e internet a la entrega obligatoria de información privada constituye una flagrante violación a los derechos fundamentales de los mexicanos, afectando tanto el derecho constitucional al acceso a las telecomunicaciones como las garantías de privacidad.
Exigen la destrucción definitiva de la información recopilada
Uno de los puntos más radicales y comentados de la iniciativa naranja es el destino que tendrían los datos de los millones de usuarios que ya cumplieron con el trámite. La propuesta de Barrales establece una cláusula de seguridad digital obligatoria: ordenar la destrucción inmediata y definitiva de toda la información recopilada hasta la fecha.
Con esta medida, se busca impedir legalmente que las bases de datos existentes puedan ser reutilizadas, transferidas, comercializadas o empleadas con fines distintos por parte de dependencias gubernamentales, fuerzas de seguridad o empresas particulares.
Inteligencia contra el delito, no almacenamiento masivo
Frente al argumento de que este padrón telefónico funciona como una herramienta indispensable para combatir delitos de alto impacto como la extorsión y el secuestro, la senadora Alejandra Barrales reviró señalando que la estrategia del Estado está equivocada.
La legisladora sostuvo que la persecución del crimen organizado debe fortalecerse mediante auténticas labores de inteligencia, análisis financiero e investigación de campo, y no mediante mecanismos de control que criminalicen de forma anticipada a la población e impliquen el almacenamiento masivo y riesgoso de los datos personales de millones de usuarios inocentes.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas del Senado para su correspondiente análisis, dictaminación y posterior debate en el pleno.
