- El canciller Roberto Velasco anunció que la SRE solicitará el apoyo de la FGR para pasar del ámbito diplomático a la vía penal; el cambio ocurre tras el homicidio del migrante Lorenzo Salgado Araujo.
En un drástico e inédito giro a la política de protección consular, el Gobierno de México anunció que recurrirá a la vía penal directamente en los tribunales de Estados Unidos para exigir justicia por las muertes de ciudadanos mexicanos ocurridas bajo la custodia o durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la cancillería (SRE) solicitará formalmente el apoyo y la coadyuvancia de la Fiscalía General de la República (FGR) para estructurar y presentar las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable de estos fallecimientos.
Del terreno diplomático al ámbito penal
Este cambio radical de estrategia por parte de la diplomacia mexicana se detonó tras el reciente asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que perdió la vida durante un operativo ejecutado por agentes federales estadounidenses.
Hasta ahora, la postura del Estado mexicano ante este tipo de abusos se limitaba al envío de notas diplomáticas de protesta y al acompañamiento administrativo. Sin embargo, el canciller Velasco fue claro al señalar que esa etapa ha concluido para dar paso a un litigio estratégico y punitivo.
“La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE”, explicó el secretario. “Es decir, vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante la Fiscalía de Estados Unidos, solicitando que se investigue en el ámbito penal”.
Ultimátum a empresas operadoras de centros de detención
La contraofensiva jurídica del Gobierno de México no solo apunta a los agentes de campo del ICE, sino también al millonario negocio detrás de las cárceles migratorias privadas en la Unión Americana.
El titular de la SRE anunció de manera paralela el envío inmediato de cartas de cese y desistimiento (cease and desist) a las corporaciones privadas que operan y administran los centros de detención temporal. El objetivo de esta medida legal es obligar de manera perentoria a estas empresas a modificar drásticamente las condiciones de hacinamiento, salud y seguridad que, de acuerdo con los registros consulares, han provocado la muerte de al menos 14 connacionales mientras se encontraban bajo su custodia.
Coordinación bilateral bajo tensión
La integración de la FGR en este proceso busca dotar de rigor metodológico y pericial a las denuncias que se presentarán ante el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ). Se espera que en los próximos días se instale una mesa técnica de trabajo entre los Ministerios Públicos federales de México y los agregados legales en la embajada para recabar los testimonios de los familiares y las evidencias forenses disponibles.
Este endurecimiento de la postura mexicana promete añadir un nuevo e importante elemento de fricción a la ya compleja agenda bilateral en materia migratoria y de derechos humanos entre ambas naciones.
