- Aunque Estados Unidos reclama al gobernador con licencia, la fiscalía encabezada por David Boone de la Garza rechaza una “extradición exprés”; la SRE reserva el expediente por 5 años.
El proceso legal en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha entrado en un impase definitivo en los tribunales mexicanos. La Fiscalía General de la República (FGR) admitió formalmente que, hasta el momento, carece de los elementos probatorios mínimos y el sustento jurídico necesario para procesar la orden de extradición solicitada por el Gobierno de Estados Unidos.
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, confirmó que la institución mantiene una investigación de carácter activo en contra del mandatario con licencia. Sin embargo, tras una revisión que calificó como exhaustiva, fue tajante al señalar que los datos recabados no cumplen con los estrictos estándares que exige el sistema penal en México para proceder con una detención o traslado internacional.
Revisión exhaustiva y rechazo a la vía “exprés”
La carpeta de investigación de la FGR se nutre directamente de la solicitud formal de extradición enviada por las agencias de seguridad estadounidenses. Para evaluar la viabilidad de la entrega, la fiscalía mexicana ejecutó diversos filtros legales que terminaron por frenar el requerimiento:
- Entrevistas ministeriales: Se desahogaron comparecencias formales a las 10 personas que aparecen involucradas en el mismo expediente.
- Informes técnicos: Se analizaron a fondo los reportes documentales derivados de los convenios de colaboración internacional.
- Verificación nacional: Se validaron los parámetros probatorios que impone la legislación mexicana para cualquier medida privativa de la libertad.
Ante la falta de contundencia en los expedientes enviados desde Washington, la FGR rechazó tajantemente aplicar la figura de una extradición exprés o de urgencia. Asimismo, la dependencia aclaró que no se utilizará la Ley de Seguridad Nacional para acelerar el envío de los implicados.
El proceso deberá apegarse de forma estricta a la Ley de Extradición Internacional vigente, obligando a la contraparte norteamericana a justificar técnicamente los fundamentos de su requerimiento. Esta dilación en la entrega de argumentos mantiene el estatus de Rocha Moya y los otros 10 señalados bajo un estatus de revisión sin resolución judicial concreta.
Exclusión de delitos financieros y cuentas congeladas
Un detalle técnico que ha llamado la atención de los analistas jurídicos es la ruta que tomó la FGR, la cual excluyó deliberadamente cualquier análisis sobre el patrimonio o los movimientos financieros de los señalados.
Esta postura oficial ha generado una marcada divergencia institucional en el caso:
La contradicción: Mientras la investigación penal de la FGR ignora deliberadamente el origen o el flujo de los recursos económicos de Rocha Moya, el bloqueo de sus cuentas bancarias personales persiste plenamente activo, manteniéndose como una medida cautelar coordinada entre la propia fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Finalmente, el blindaje institucional en torno al caso se extendió al terreno diplomático. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó de manera formal que toda la documentación oficial, convenios e intercambios de información relacionados con el gobernador con licencia y con Enrique Inzunza permanecerán bajo reserva total por un periodo de cinco años, impidiendo el acceso público a los detalles del reclamo estadounidense.
