En un revés jurídico de alto impacto para la política migratoria de la Casa Blanca, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos restringió la facultad del gobierno de Donald Trump para someter a miles de migrantes a esquemas de detención obligatoria e indefinida mientras enfrentan sus respectivos procesos de deportación.
El dictamen determina que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrá mantener retenidas a las personas por más de 90 días, a menos que se les otorgue de manera formal una audiencia ante un juez para solicitar la libertad bajo fianza.
El 5.º Circuito revoca el criterio de retención indefinida
La resolución fue emitida con una votación de 2 a 1 por un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelación del 5.º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans. Este fallo adquiere una relevancia crítica debido a que posee jurisdicción sobre estados clave en la estrategia fronteriza de Washington, tales como Texas y Luisiana.
Previamente, otra sección de la misma corte se había convertido en la primera del país en respaldar la interpretación de la administración de Trump sobre una ley federal de inmigración, la cual permitía la detención forzosa y prolongada de no ciudadanos residentes en territorio estadounidense.
Sin embargo, aquel criterio previo falló en abordar un aspecto constitucional básico: si las garantías procesales de la Quinta Enmienda obligaban al sistema judicial a conceder a estos migrantes la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración para buscar su libertad.
La Constitución de EE. UU. protege a los no ciudadanos
El juez federal de circuito Leslie Southwick, encargado de redactar el voto de la mayoría, fundamentó la sentencia en un criterio histórico fijado por la Suprema Corte de Justicia en 2001, el cual establece de manera nítida que la cláusula del debido proceso ampara a cualquier individuo dentro de las fronteras de ese país.
La resolución beneficia de manera inmediata a los demandantes del caso —dos ciudadanos de origen mexicano y un ciudadano hondureño—, sentando un precedente legal para miles de personas bajo la custodia de ICE.
“Forma parte de la majestuosidad histórica de esta antigua carta fundacional el hecho de que no haga excepciones a la hora de otorgar derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser oído cuando se priva a una persona de su libertad”, plasmó con contundencia el juez Southwick, quien fuera nombrado en su momento por el presidente republicano George W. Bush.
Con este límite de 90 días, el sistema judicial estadounidense impone un contrapeso a la ofensiva de control migratorio de la actual administración, obligando al aparato de seguridad nacional a garantizar audiencias transparentes y el respeto a los derechos humanos fundamentales en las cortes de inmigración.
