En un esfuerzo por neutralizar la incertidumbre financiera y comercial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un mensaje de tranquilidad respecto a la postura de Estados Unidos de someter a un análisis riguroso el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante la próxima década.

La mandataria aclaró el panorama de las mesas de negociación y enfatizó que la decisión de la Casa Blanca era un escenario previsto por el gobierno mexicano, descartando de forma categórica que este proceso represente el fin del acuerdo comercial trinacional.

Las dos precisiones clave de la presidenta

Para frenar la especulación en los mercados, Sheinbaum desmenuzó la naturaleza jurídica y los plazos contemplados dentro del propio acuerdo, recordando que las reglas vigentes otorgan un amplio margen de maniobra para la estabilidad de las inversiones en la región:

  • El tratado sigue vigente: La mandataria fue enfática al señalar que las mesas de trabajo actuales corresponden a un ejercicio de evaluación y ajuste, pero bajo ninguna circunstancia significan la cancelación o la ruptura del bloque comercial.
  • Mecanismo de prórroga activable: Recordó que el diseño del T-MEC permite a los tres socios extender la vida del acuerdo en el mediano plazo si existe consenso.

“Uno: el tratado se mantiene; número dos, en cualquier momento, de aquí a 2036, entre los tres países se puede decir, se prolonga 16 años más; en cualquier momento se puede prolongar 16 años más”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Certidumbre para las inversiones hasta 2036

Con esta aclaración, el gobierno federal busca enviar una señal de estabilidad a los inversionistas extranjeros y locales. La cláusula de revisión del tratado, lejos de ser un límite definitivo, funciona como una ventana de diálogo continuo que se extenderá durante los próximos diez años.

Especialistas económicos coinciden en que la precisión de Sheinbaum llega en un momento idóneo para calibrar las expectativas del mercado, demostrando que México cuenta con la hoja de ruta jurídica necesaria para sortear las presiones políticas de Washington y asegurar que los flujos comerciales de la región no se detengan.