En una escalada discursiva que sacude el debate sobre la soberanía nacional y la cooperación binacional en materia de seguridad, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, exigió de manera formal al Ejecutivo federal que ponga a disposición de la justicia al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. La mandataria local demandó que no se permita el “olvido” del expediente del sinaloense, quien enfrenta un pliego acusatorio formal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos de financiamiento e interlocución con carteles de la droga.
A través de un mensaje en video difundido orgánicamente en sus plataformas digitales, la mandataria panista vinculó la crisis de confianza internacional con la debilidad en los controles aduanales y de seguridad en los estados bajo el régimen oficialista de Morena.
El impacto colateral sobre el Tratado de Libre Comercio
Campos Galván advirtió que México atraviesa por un periodo de profunda inestabilidad diplomática que vulnera de forma directa las negociaciones para mantener vigentes las prerrogativas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), abriendo la puerta a que Washington impulse acciones unilaterales de fuerza amparadas en su agenda de seguridad nacional. “Si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, escúchenlo bien: la responsabilidad será únicamente del gobierno de Morena y de la 4T”, aseveró.
La paradoja de la soberanía: Bajo la lupa de la FGR por agentes de la CIA
El pronunciamiento de la gobernadora chihuahuense se da bajo una coyuntura de alta vulnerabilidad jurídica para su propia administración. Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Senado de la República mantienen abiertas sendas carpetas de investigación para deslindar el grado de responsabilidad del gobierno estatal en el trágico operativo del pasado 19 de abril en el municipio serrano de Morelos, donde perdieron la vida cuatro personas —incluyendo al titular de la Agencia Estatal de Investigación— y se constató la participación operativa y fallecimiento de dos agentes encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU., cuyas bitácoras no contaban con el aval ni la notificación obligatoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Frente a este escenario de contradicciones institucionales, la gobernadora fijó una postura tajante:
- Rechazo Militar: “Estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”.
- Cumplimiento Legal: Afirmó que la soberanía nacional no debe ser una bandera para “proteger la impunidad” de los cuadros políticos de la Cuarta Transformación señalados por cortes internacionales.
La ley frente al discurso partidista
La mandataria concluyó su intervención instando a la presidencia de la República a actuar de forma equitativa ante la ley penal, demandando que no se criminalicen las labores de cooperación técnica local mientras se cobija con fueros políticos a exgobernantes bajo sospecha internacional. “Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, puntualizó, dejando en claro que el control territorial de las aduanas y de la seguridad ciudadana será el eje de confrontación con la federación rumbo al cierre del periodo ordinario de sesiones.
