En una enérgica defensa del debido proceso y la soberanía jurisdiccional del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el Gobierno de México cuenta con las facultades legales para rechazar la solicitud de detención urgente con fines de extradición emitida en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Ruben Rocha Moya, si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no aporta los elementos probatorios suficientes que sustenten los presuntos vínculos con el narco que le imputan las agencias norteamericanas.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal reveló que, hasta el corte de esta edición, las oficinas de procuración de justicia de Washington no han remitido las evidencias físicas, testimoniales o documentales indispensables para validar las órdenes internacionales de captura.
Un mecanismo de validación bilateral
“Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía General de la República (FGR)”, precisó de forma tajante la mandataria mexicana, aclarando que no se convalidarán detenciones mediáticas o sustentadas únicamente en delaciones sin soporte judicial.
Sin juicios ni plazos perentorios contra exfuncionarios sinaloenses
La presidenta de la República desglosó la ruta jurídica binacional y aclaró que, debido a que no existe un juicio formal en curso bajo las reglas del tratado, tampoco corre un plazo perentorio o límite en el calendario para que la Casa Blanca entregue el expediente de Rocha Moya o de otros excolaboradores de la administración sinaloense que han sido señalados por la inteligencia de ese país.
En caso de que la Cancillería mexicana deseche la detención urgente por falta de pruebas, Washington posee una segunda vía legal: iniciar un juicio formal y tramitar una solicitud ordinaria de extradición. No obstante, Sheinbaum Pardo enfatizó que incluso bajo ese escenario, las cortes estadounidenses estarían estrictamente obligadas a transparentar y aportar elementos de convicción plenos. “Este procedimiento funciona de ida y vuelta; ocurre también con las solicitudes que presenta México a Estados Unidos para estar seguros de las acusaciones”, subrayó.
El precedente de Tamaulipas y el estatus de seguridad
Para ejemplificar el rigor técnico que el Estado mexicano exige en materia de extradiciones, la presidenta comparó el estatus de Sinaloa con el expediente del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Recordó que en su momento el Departamento de Justicia estadounidense también emitió señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado solicitando una detención urgente, misma que se ha mantenido congelada administrativamente al determinarse la inexistencia de elementos sólidos por parte de las autoridades requirentes.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, intervino en la sesión informativa para precisar que, a pesar de la efervescencia política y judicial que rodea el caso sinaloense, ni el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ni los exfuncionarios involucrados en las carpetas de investigación de Washington han solicitado esquemas de resguardo o medidas de protección especial por parte de las fuerzas federales o la Guardia Nacional.
