- La reciente imputación contra funcionarios de Sinaloa se suma a una lista de tres décadas donde exmandatarios de distintos partidos han sido procesados por lavado de dinero y narcotráfico.
Las recientes acusaciones de una Corte federal en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales de su administración, volvieron a poner sobre la mesa un problema sistémico en la política mexicana: la colusión de las élites gubernamentales con el crimen organizado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, altos mandos de la administración sinaloense habrían recibido pagos de hasta 300 mil pesos mensuales a cambio de otorgar libre operación a un grupo delictivo.
Sin embargo, los expedientes judiciales demuestran que este fenómeno trasciende siglas partidistas. En los últimos 30 años, al menos cuatro exgobernadores de distintas entidades han sido señalados, investigados o sentenciados en cortes de México y Estados Unidos.
El historial de exmandatarios vinculados al crimen organizado
El desglose de los casos penales más emblemáticos en la historia reciente del país evidencia que las acusaciones abarcan desde el cobro de cuotas por cargamento hasta el lavado de dinero en el extranjero.
- Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo, 1993-1999 | PRI). Fue el primer exgobernador formalmente vinculado a las redes del narcotráfico internacional. Las investigaciones de las fiscalías mexicana y estadounidense determinaron que, durante su gestión, Villanueva cobraba entre 400 mil y 500 mil dólares por cada cargamento de cocaína que transitaba por su estado. Además, se comprobó el blanqueo de más de 11 millones de dólares en el sistema financiero estadounidense. Tras cumplir condena en EE. UU., fue devuelto a México.
- Tomás Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas, 1999-2005 | PRI). La justicia del Distrito Sur de Texas demostró que el exmandatario recibió millones de dólares en sobornos de dos cárteles del Golfo. A cambio de protección institucional, Yarrington facilitó el tráfico de estupefacientes a gran escala utilizando infraestructura marítima en el Golfo de Veracruz. Tras años prófugo, fue capturado en Italia en 2017 y en 2021 se declaró culpable de aceptar 3.5 millones de dólares en sobornos para adquirir bienes raíces mediante prestanombres.
- Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas, 2005-2010 | PRI). Sucesor de Yarrington, fue acusado por fiscales estadounidenses de mantener la misma red de complicidades e impunidad para las organizaciones criminales en el estado fronterizo. En 2015 se le fincaron cargos formales por lavado de dinero en Texas a través de inversiones inmobiliarias ilícitas y movimientos bancarios. Fue detenido en Ciudad Victoria en 2017 y la Cancillería mexicana autorizó su extradición a Estados Unidos en 2018.
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas, 2016-2022 | PAN). El caso más reciente del bloque tamaulipeco. Actualmente prófugo de la justicia, el exgobernador panista enfrenta órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y lavado de dinero. En mayo de 2021, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo señalaron por desvío de recursos y facilidades para el contrabando ilegal de combustible (huachicol fiscal). Según reportes de la organización especializada InSight Crime, los nexos de Cabeza de Vaca con el crimen organizado se remontarían a los inicios de su carrera política, utilizando presuntos recursos ilícitos desde su campaña para la alcaldía de Reynosa.
Un problema estructural sin distinguir colores
Los expedientes judiciales de las últimas tres décadas revelan que el financiamiento ilícito de campañas y la entrega de plazas estatales no responden a una coyuntura reciente ni a un partido político en específico. La constante en los casos de Quintana Roo, Tamaulipas y, ahora, Sinaloa, confirma que el control institucional de las fronteras, puertos y rutas de tránsito sigue siendo el principal objetivo de las organizaciones criminales en el país.
