- El PAN promovió la denuncia en La Haya argumentando que la estrategia de seguridad del expresidente derivó en crímenes de lesa humanidad y el fortalecimiento de organizaciones criminales.
En una acción legal de alcance internacional, el Partido Acción Nacional (PAN) formalizó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que su estrategia de seguridad, denominada “Abrazos, no balazos”, sumió al país en una crisis histórica de impunidad y violencia.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que el plan implementado durante el sexenio anterior fortaleció deliberadamente a las organizaciones criminales, provocando afectaciones sistemáticas a la población civil que configuran delitos bajo la jurisdicción internacional.
Los números de la estrategia, según la oposición
Durante la presentación de la denuncia, el equipo jurídico de Acción Nacional, acompañado por el abogado Roberto Gil Zuarth, expuso los datos que sustentan el recurso internacional. Según los promoventes, el saldo de la política de seguridad dejó consecuencias devastadoras:
- Homicidios: Más de 200 mil homicidios dolosos registrados.
- Desapariciones: Un acumulado superior a las 150 mil personas desaparecidas.
- Impacto social: Miles de masacres, desplazamiento forzado de comunidades y regiones enteras bajo el control de cárteles del narcotráfico.
“Estamos exigiendo una investigación internacional porque México merece conocer toda la verdad y porque nadie, ni de lejos un expresidente, puede estar por encima de la justicia”, sentenció Jorge Romero.
Acusan captura de instituciones en México
Al ser cuestionados sobre por qué recurrir a instancias internacionales, la dirigencia del PAN argumentó que en el ámbito local no existen las condiciones para un proceso imparcial. Romero indicó que, tras el proceso electoral del año pasado, Morena consolidó el control sobre el Poder Judicial, anulando las garantías de una investigación interna.
Por su parte, Gil Zuarth reiteró que las fiscalías y los tribunales mexicanos han dejado de generar confianza ciudadana para procesar este tipo de señalamientos de alto nivel.
Señalamientos de infiltración y vínculos políticos
El documento entregado a la CPI resalta que la omisión del Estado en el combate al crimen organizado permitió que las células delictivas acumularan un poder económico e institucional sin precedentes, logrando infiltrar administraciones locales.
En este sentido, la dirigencia panista acusó de manera directa la existencia de presuntos vínculos entre gobernadores de Morena y el crimen organizado, haciendo referencia explícita a los casos de:
- Rubén Rocha Moya en Sinaloa.
- Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán.
- Américo Villarreal en Tamaulipas.
Hasta el momento, la Corte Penal Internacional deberá analizar la admisibilidad de la denuncia para determinar si los hechos presentados por la oposición mexicana entran en la categoría de crímenes de competencia internacional.
