La reciente carta pública difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha expuesto profundas grietas en la geopolítica binacional. De acuerdo con el análisis realizado por el periodista e investigador Raymundo Riva Palacio, el inusual texto emitido por el exmandatario no representa una reflexión casual, sino el reflejo de una profunda alerta ante el drástico cambio de postura del mandatario estadounidense Donald Trump y el avance irreversible de expedientes judiciales en Washington.
El análisis subraya que el periodo de silencio que el tabasqueño se había autoimpuesto ha quedado rebasado por una realidad jurídica. La preocupación central radica en el giro de la Casa Blanca, cuya estrategia clasifica formalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones “narcoterroristas”, otorgando facultades extraterritoriales a sus agencias de seguridad para perseguir redes de protección institucional.
El cerco de las agencias de Washington
“Su carta refleja miedo, y lo que antes veía como probabilidad, ahora está viendo que es una posibilidad”, afirma Riva Palacio, detallando que la relación sumisa o controlada del pasado ha desaparecido y que la presión de las agencias estadounidenses ha comenzado a cercar al círculo más cercano del exmandatario mexicano.
Gobernadores de Morena y el primer círculo, en la mira
El detonante de este pronunciamiento mediático coincide con la confirmación en rotativos estadounidenses como Los Angeles Times de que varios gobernadores de Morena se encuentran bajo investigación formal en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible o “huachicol”. Entre los nombres señalados destacan:
- Alfonso Durazo (Sonora).
- Américo Villarreal (Tamaulipas).
- Rubén Rocha Moya (Sinaloa).
La gravedad de la situación escala directamente hasta el propio López Obrador. Según información procesada por el Departamento de Justicia de los EE. UU., el exjefe del Ejecutivo Federal ocupa una posición focal en las indagatorias de la DEA y la CIA. “López Obrador ocupa el número uno en la baraja de la estructura político-criminal que están investigando los servicios de inteligencia y policiales en Estados Unidos”, revela el columnista.
Los tres ejes del expediente judicial en EE. UU.
Actualmente, el Departamento de Justicia estadounidense mantiene abiertos y documentados al menos tres frentes de investigación que involucran de manera directa a la pasada administración federal:
- Transacciones sospechosas: Rastreo de movimientos financieros electrónicos dirigidos a funcionarios de Palacio Nacional, registrados días después del polémico saludo a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en marzo de 2020.
- Testimonios de capos: Declaraciones ministeriales de altos líderes, que detallan presuntos pagos millonarios a cambio de blindaje y protección institucional.
- Vínculos internacionales: Grabaciones que conectan a operadores financieros de una organización criminal de Sinaloa con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y colaboradores cercanos a la pasada administración mexicana.
El esquema no se limita al expresidente; la red de investigación abarca un complejo organigrama donde se identifica al general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como el presunto “número dos” de la estructura, seguido por el actual senador Adán Augusto López.
A pesar del robusto expediente, Riva Palacio aclara que una acción de captura o extracción inmediata contra López Obrador resulta “improbable” a corto plazo, principalmente para evitar la desestabilización del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No obstante, el esquema de protección está plenamente judicializado en Washington y todos los caminos conducen al exmandatario.
