En una acción que pone al descubierto las redes de infiltración y complicidad institucional en la entidad, las investigaciones vinculadas al caso del alcalde Carlos Manzo derivaron en la captura de dos exfuncionarios públicos. Los detenidos son acusados formalmente de suministrar datos de inteligencia militar y ministerial a una célula delictiva con base de operaciones en la región de Uruapan.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó las aprensiones durante una rueda de prensa de seguridad nacional, precisando que los sospechosos utilizaban sus cargos estratégicos para alertar a los líderes criminales sobre los movimientos tácticos de las fuerzas combinadas del estado y la federación.
Identidad y vínculos de los detenidos
Los exservidores públicos capturados corresponden a un elemento adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan y a un agente activo de la Guardia Civil perteneciente a la Unidad Ambiental. Ambos mantenían comunicación directa y presuntos vínculos logísticos con los objetivos prioritarios Wendy ‘N’, alias ‘La Tía’, y Gerardo ‘N’, alias ‘El Congo’.
El modus operandi de la filtración interna
Los trabajos de inteligencia y el rastreo de redes de comunicación telefónica permitieron comprobar que los dos exfuncionarios operaban como un sistema de alerta temprana para la estructura delincuencial. El fiscal Torres Piña detalló que la información sustraída clandestinamente incluía de forma prioritaria:
- Evasión de captura: Listados de órdenes de aprehensión vigentes antes de ser ejecutadas.
- Despliegues frustrados: Fechas, rutas y horarios de operativos tácticos de la Guardia Nacional y el Ejército.
- Sabotaje procesal: Avances y testimonios contenidos dentro de carpetas de investigación ministeriales bajo reserva técnica.
Toda esta información confidencial permitía a los operadores de ‘La Tía’ y ‘El Congo’ evadir la acción de la justicia, desmantelar casas de seguridad antes de los allanamientos y reconfigurar sus rutas de tráfico y extorsión en el municipio de Uruapan.
Torres Piña enfatizó que estas detenciones forman parte de una estrategia integral de depuración interna dentro de las fiscalías regionales y corporaciones policiales del estado. El deslinde de responsabilidades del caso Carlos Manzo continuará bajo un estricto régimen de secrecía para determinar si existen más mandos involucrados en la periferia de Uruapan.
Los imputados fueron trasladados de inmediato a un centro de reinserción social bajo cargos de abuso de autoridad, delitos cometidos contra la administración de la justicia y asociación delictuosa, en espera de que el juez de control dicte el auto de vinculación a proceso durante la audiencia inicial programada para las próximas horas.
















