El caso judicial que estremece la cúpula política del noroeste de México entró en una etapa crítica dentro del sistema penitenciario estadounidense. Durante una audiencia preliminar celebrada en una corte federal de Manhattan, la jueza Katherine Polk declaró formalmente que el Departamento de Justicia posee una “evidencia abundante” que sostiene las acusaciones por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez.
Mérida Sánchez es uno de los 10 objetivos prioritarios incluidos en el expediente masivo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Dicha causa penal investiga una presunta red de protección institucional de nivel cupular diseñada para blindar las operaciones transnacionales del Cártel de Sinaloa, una trama de sobornos y complicidades que, de acuerdo con los fiscales norteamericanos, implica de forma directa al gobernador con licencia de esa entidad, Rubén Rocha Moya
Acusados “llegando en olas”
La magistrada Polk advirtió durante la breve comparecencia que el proceso penal destaca por su alta complejidad volumétrica: “Hay evidencia abundante en este caso y también muchos acusados que están llegando en olas a la jurisdicción federal”, señaló la juzgadora, haciendo alusión a las capturas y extradiciones en curso que se han ejecutado en la frontera sur.
El declive del general: Encadenado y con traje de reo
La fisonomía del militar retirado distó radicalmente de la imagen oficial que proyectaba en los mandos de seguridad del estado. De acuerdo con las crónicas judiciales de medios locales como El Diario NY, el general mexicano asistió a la sala de audiencias escoltado de cerca por un grupo de alguaciles federales (US Marshals).
Mérida Sánchez permaneció cabizbajo durante el intercambio de mociones, vistiendo un uniforme penitenciario de color beige y manteniendo sus pies y manos completamente encadenados debido a los protocolos de máxima seguridad que aplican para los acusados que enfrentan penas severas.
Calendario de Juicio Rápido y potencial cadena perpetua
El general retirado, quien fue detenido por agencias federales el pasado 11 de mayo en el estado de Arizona, ya se declaró formalmente “no culpable” de los tres cargos principales que configuran el pliego de mortaja judicial en su contra:
- Conspiración internacional para importar cantidades masivas de narcóticos a EE. UU.
- Posesión ilegal de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
- Conspiración para poseer armamento vinculado al tráfico de drogas.
La jueza Katherine Polk determinó establecer un calendario formal de mociones bajo los estrictos términos de la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act). Para ello, otorgó un plazo perentorio de 60 días con el objetivo de que la copiosa evidencia (grabaciones, sábanas de llamadas e informes de inteligencia de la DEA) sea procesada y digitalizada por los fiscales, instruyendo a la defensa legal a revisar detalladamente el expediente para que el reo pueda “evaluar sus opciones” de cara a una eventual negociación de culpabilidad. La fecha para la siguiente audiencia quedó fijada para el próximo 4 de agosto.
