A pesar de las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial, la consolidación de los derechos civiles de la comunidad trans mantiene una marcada disparidad en la República Mexicana. Actualmente, cinco de las 32 entidades federativas del país continúan sin permitir que las personas modifiquen sus actas de nacimiento conforme a su identidad de género mediante un trámite administrativo expedito, obligando a los ciudadanos a emprender costosos y prolongados juicios de amparo.
Los estados que arrastran este rezago normativo son Querétaro, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Durango. El freno en estas regiones contrasta con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ha ratificado de forma unánime que la identidad de género autopercibida es un derecho humano fundamental protegido por la Constitución.
Tensión en Querétaro: Kuri ejerce veto definitivo
El escenario más ríspido ocurre en Querétaro. El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, echó para abajo la Ley de Identidad de Género que había sido aprobada el pasado 30 de abril por la mayoría del Congreso estatal, al considerar que su contenido representa un riesgo punitivo para el núcleo familiar.
A través de un mensaje oficial difundido en sus redes sociales, el mandatario fijó una postura tajante en contra de la reforma que buscaba suprimir el proceso judicial para dar paso al trámite administrativo en el Registro Civil.
“Estoy vetando la llamada Ley de Identidad de Género, conforme a mis facultades constitucionales. Esta ley, impulsada por la izquierda radical, permite que niñas, niños y adolescentes puedan cambiar de sexo en su acta de nacimiento según su autopercepción. Es un tema ideológico que se quiere imponer a nuestra sociedad. Y no, no lo voy a permitir”, aseveró con firmeza el titular del Ejecutivo queretano.
Radiografía del estancamiento en las regiones
Las trabas burocráticas y la falta de voluntad política configuran realidades complejas para las poblaciones trans y no binarias en el resto de los estados señalados:
- Chiapas: La discusión legislativa cumple más de diez años congelada en la congeladora del Congreso local. Organizaciones LGBT+ alertan que la omisión representa un grave retroceso en la agenda de derechos humanos de la frontera sur.
- Tabasco: El pasado martes 19 de mayo, activistas emitieron un pronunciamiento formal exigiendo al gobierno del estado el cumplimiento inmediato de las sentencias previas de la SCJN. Los manifestantes aclararon que no buscan concesiones especiales, sino la homologación de derechos civiles básicos que ya operan en el 84% del país.
- Tamaulipas: Colectivos locales reportan que existen más de 650 personas trans que han tenido que recurrir a la justicia federal para hacer valer su identidad. La presidenta de la organización Tamaulipas Diversidad VHIDA Trans, Ana Karen López Quintana, detalló que actualmente el Congreso analiza dos iniciativas complementarias impulsadas por las diputadas Cynthia Lizabeth Jaime Castillo y Lucero Deosdady Martínez López, exigiendo que se sometan a votación sin tintes político-electorales.
- Durango: Defensores comunitarios denuncian que la ausencia de un marco reglamentario administrativo propicia un entorno de discriminación institucional, violencia burocrática y exclusión laboral para la comunidad trans en la entidad.
Las dos posturas en el debate civil:
- SCJN / Colectivos LGBT+: Sustentan que condicionar el derecho a la identidad a procesos judiciales o documentos exclusivos de la mayoría de edad (como la INE) es discriminatorio e injustificado.
- Gobernación de Querétaro (PAN): Argumenta que la autopercepción de menores en documentos oficiales vulnera las facultades de patria potestad y el desarrollo de la niñez.
El precedente de la Suprema Corte
La resistencia de las legislaturas locales choca directamente con la línea garantista trazada por el Máximo Tribunal del país. Apenas en diciembre de 2025, el Pleno de la SCJN sentó un criterio vinculante al declarar inválida una disposición del Código Civil de Campeche que exigía contar con la credencial para votar vigente como requisito para solicitar la rectificación del acta de nacimiento.
Los ministros concluyeron que fijar barreras burocráticas ligadas a la mayoría de edad excluía de manera discriminatoria a las infancias y adolescencias trans, determinando que el derecho a la identidad y al nombre no puede depender de un documento al que, por cuestiones biológicas y cronológicas, los menores están impedidos a acceder.
