Tras un extenuante maratón parlamentario en el que se desahogaron 297 reservas, el bloque mayoritario encabezado por Morena y sus aliados del Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para aprobar, en lo particular, el dictamen de reforma constitucional al Poder Judicial.
Con un tablero final que registró 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, la Cámara Baja ratificó de manera formal el aplazamiento de la primera elección histórica de jueces, magistrados y ministros, la cual se recorrerá oficialmente de 2027 a junio de 2028, quedando ahora la moneda en el aire a la espera del visto bueno del Senado de la República.
Filtro por insaculación: La tómbola judicial contra grupos de interés
El dictamen aprobado en San Lázaro introduce modificaciones estructurales a la selección de juzgadores en México. El documento de la reforma propone la insaculación (tómbola) como el método definitivo para definir los nombres que aparecerán en las boletas electorales.
Según el texto de la iniciativa, este mecanismo de selección entre los perfiles previamente evaluados por los comités técnicos busca “preservar la igualdad de oportunidades entre personas igualmente calificadas, introduciendo un elemento de aleatoriedad que impide de manera contundente la captura del proceso por parte de grupos de interés o por influencias políticas e indebidas”.
La polémica de la jornada: Reelección en el TEPJF
El punto más ríspido del debate ocurrió tras la presentación de una sorpresiva reserva impulsada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. La propuesta otorga de manera inédita a los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el derecho a reelegirse en las elecciones judiciales de 2028, equiparando sus prerrogativas con las de ciertos ministros de la Suprema Corte y jueces de distrito.
Caos y reclamos por “voto opaco” en el tablero
La inclusión de este beneficio para la cúpula del Tribunal Electoral desató un fuerte enfrentamiento reglamentario. La estrategia de las bancadas de oposición (PAN, PRI y MC) consistía en exigir que la propuesta de Gutiérrez Luna se votara “en separado” para evidenciar el rechazo a la extensión de mandatos. Sin embargo, mediante una rápida votación económica (a mano alzada), el bloque oficialista impuso su mayoría para que todas las reservas pendientes se procesaran en un solo paquete.
La sesión se tornó caótica y sumamente criticada debido a que la Mesa Directiva modificó el orden tradicional de la consulta al pleno, consultando primero los votos en contra y posteriormente las manifestaciones a favor, una maniobra que la oposición calificó de tramposa.
Desde la tribuna, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, denunció enérgicamente que la votación económica careció de pulcritud técnica y transparencia, exigiendo formalmente que se repitiera el conteo. No obstante, la secretaría de la Mesa Directiva desechó la moción argumentando que no existía duda razonable sobre el resultado, procediendo a la declaratoria de validez.
Tras certificar la aprobación de las modificaciones en lo particular, el Palacio Legislativo de San Lázaro turnó formalmente el expediente al Senado de la República, donde se prevé una recepción igualmente ríspida debido al impacto que este reordenamiento tiene sobre el arbitraje de los comicios intermedios federales de 2028.
