La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó la recepción formal de una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván. La denuncia acusa a la mandataria chihuahuense de presuntas violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de incurrir en omisiones administrativas con incidencia directa en la soberanía del Estado, la seguridad nacional y el orden federal.
El recurso legal fue promovido y suscrito por una bancada de 11 diputados locales de Morena en Chihuahua, quienes argumentan faltas institucionales de primer orden en el diseño y ejecución de las políticas públicas de seguridad en la franja fronteriza del norte del país.
El núcleo de la denuncia: Seguridad nacional y política exterior
El documento técnico turnado al Palacio Legislativo de San Lázaro busca que la Cámara Baja admita, sustancie e investigue los expedientes para, en su caso, formular una acusación formal ante el Senado de la República (instancia que se erigiría en Jurado de Sentencia).
Los legisladores de la llamada Cuarta Transformación fincan la probable responsabilidad política de la gobernadora sobre dos ejes centrales de la legislación federal:
- Agentes extranjeros: La presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes policiacos o de inteligencia extranjeros operando dentro de las fronteras de Chihuahua en un contexto de despliegues operativos de seguridad.
- Invasión de facultades: La probable usurpación de competencias y atribuciones legales exclusivas y reservadas al Gobierno de la Federación en las materias específicas de seguridad nacional y el manejo de la política exterior.
Vence el plazo legal: La diputada presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, aclaró que para dar curso institucional al recurso, el grupo de los 11 legisladores denunciantes del Congreso local de Chihuahua deberá presentarse físicamente en la capital del país para ratificar la denuncia a más tardar el próximo viernes 29 de mayo.
Una vez que se cumpla con este requisito procedimental obligatorio, el expediente completo será turnado de inmediato a la Subcomisión de Examen Previo —instancia integrada por las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia— para evaluar si los elementos de prueba aportados cuentan con la solidez jurídica suficiente para dar inicio al dictamen de procedencia.
Analistas en derecho constitucional señalan que este recurso profundiza la confrontación política entre el bloque oficialista federal y el gobierno panista de Chihuahua, en una entidad que permanece bajo el escrutinio público debido a los complejos desafíos de seguridad y la vecindad fronteriza con los Estados Unidos.
