En una enérgica defensa de la soberanía nacional que profundiza la tensión diplomática con la Casa Blanca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal solicitó formalmente la salida inmediata del país de dos funcionarios estadounidenses que sobrevivieron al polémico incidente fronterizo en la sierra de Chihuahua. La determinación se tomó tras comprobarse que realizaban presuntas labores de inteligencia militar y policial sin contar con las acreditaciones legales correspondientes ante el Estado mexicano.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal detalló que la medida se ejecutó mediante una nota diplomática formal enviada a la Embajada de Estados Unidos. La investigación interna reveló que, si bien los agentes ingresaron a territorio nacional cumpliendo con los filtros migratorios ordinarios, omitieron registrarse ante los protocolos de seguridad bilateral para desempeñar actividades de inteligencia en operativos de campo.
El protocolo violado y el saldo del caso Chihuahua
La mandataria federal fue categórica al señalar que ninguna agencia extranjera —incluyendo la CIA o la DEA— puede operar de forma autónoma en las entidades federativas sin la estricta validación de los órganos centrales de la federación.
“Ellos entran con pasaportes legales, diplomáticos o como turistas. Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo muy claro para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Gabinete de Seguridad, se evalúe y apruebe su estancia para esos fines específicos. En este caso no ocurrió así”, explicó detalladamente Sheinbaum Pardo.
La presidenta desglosó el saldo oficial del suceso ocurrido a finales de abril en el norte del país: del grupo original de cuatro funcionarios estadounidenses involucrados en el desmantelamiento del narcolaboratorio en Chihuahua, dos perdieron la vida en el accidente y los dos sobrevivientes ya abandonaron el territorio nacional tras la notificación de extrañamiento y expulsión emitida por la cancillería mexicana.
Ficha roja contra Rubén Rocha Moya no es detención automática: SSPC
En la misma comparecencia ante los medios, el Gabinete de Seguridad fijó una postura técnica respecto al otro gran frente judicial que vincula a la justicia estadounidense: la situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Ante los cuestionamientos sobre el estatus de búsqueda del mandatario sinaloense derivado de las imputaciones en la Corte de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró el alcance legal de los instrumentos internacionales de captura.
García Harfuch precisó que la emisión de una notificación o ficha roja por parte de la Interpol no se traduce de manera automática en una detención inmediata en suelo mexicano. El secretario de Estado explicó que este mecanismo internacional debe agotar una rigurosa ruta institucional en México: primero es recibida y analizada por la SRE para evaluar la procedencia de los convenios bilaterales, y posteriormente se turna a la Fiscalía General de la República (FGR). Será el Ministerio Público Federal la instancia encargada de determinar si procede o no la ejecución de medidas judiciales o cautelares dentro de las fronteras de nuestro país.
