Al cumplir su primer año y medio de mandato constitucional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfrenta el periodo político más complejo y desafiante de su administración. Una combinación de crisis de seguridad con ramificaciones internacionales, tensiones diplomáticas con la Casa Blanca y signos de debilidad económica han provocado un desgaste visible en la opinión pública, registrando la caída más pronunciada en sus niveles de aceptación en lo que va de su gestión.
De acuerdo con el más reciente estudio de opinión pública de la casa encuestadora Enkoll, realizado de forma exclusiva para El País y W Radio, la mandataria federal sufrió una pérdida de siete puntos porcentuales en su aprobación en comparación con las mediciones del pasado mes de marzo. A pesar de este retroceso estadístico provocado por la coyuntura actual, los índices de respaldo popular de la jefa del Ejecutivo se mantienen en niveles históricamente altos, consolidando un 68 por ciento de aceptación entre la ciudadanía de las diversas entidades federativas.
Los detonantes del desgaste: Narcopolítica en el noroeste
El análisis de los datos demoscópicos coincide con la irrupción de dos expedientes de alto impacto que han sacudido la agenda binacional. El principal factor de presión lo constituye el escándalo judicial derivado del citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) tras las acusaciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios de su estructura estatal.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa formalmente al grupo de haber recibido presuntos sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa y de haber permitido la intervención de células criminales en el proceso electoral de 2021 mediante amenazas a rivales políticos.
Para la opinión pública nacional, el caso posee una alta tasa de veracidad:
- 62% de los encuestados considera que las acusaciones de la justicia estadounidense contra Rocha Moya son “creíbles”.
- 45% de la población opina que las imputaciones constituyen “evidencia real de vínculos con grupos del crimen organizado”.
- 36% de los ciudadanos atribuye el caso a “intereses políticos o injerencia directa de Estados Unidos en México”.
Ante las órdenes de captura y solicitudes de extradición formuladas por Washington, la crisis escaló operativamente luego de confirmarse que el exsecretario de Seguridad Pública y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa se entregaron de forma voluntaria a las agencias federales en la Unión Americana.
La herencia económica y social: Junto a la agenda de seguridad, la encuesta destaca que la percepción de vulnerabilidad en la economía nacional se ha colocado como una de las principales deudas de la administración ante el temor ciudadano de que una desaceleración afecte la viabilidad presupuestal de los programas sociales.
La batalla por la soberanía contra Trump y Maru Campos
Esta crisis judicial en Sinaloa tuvo como antesala un grave incidente fronterizo a finales de abril. Un accidente aéreo en la Sierra de Chihuahua reveló la muerte de dos agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) que ejecutaban operativos conjuntos con la fiscalía local chihuahuense para desmantelar un macro narcolaboratorio, omitiendo los canales institucionales de la federación.
Este suceso detonó una enérgica respuesta de la presidenta Sheinbaum, quien optó por blindar su narrativa elevando el escudo de la soberanía nacional contra los amagos de intervención del presidente Donald Trump. La mandataria subió el tono discursivo tanto contra el gobierno estadounidense como contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván —quien ahora enfrenta una solicitud de juicio político en el Congreso de la Unión—, acusándolas de violar los tratados internacionales de política exterior al permitir actividades de agentes extranjeros sin la debida autorización del Estado federal mexicano.
El escenario para el cierre de mayo dibuja a una administración federal que, si bien conserva un sólido capital político para maniobrar, resiente las primeras fracturas de una relación trilateral compleja en la víspera de la Copa del Mundo y bajo el constante asedio judicial y declarativo de la administración republicana en Washington.
