- Columna de opinión.
- Escrita por: Eduardo González Velázquez.
La semana pasada fueron presentadas dos iniciativas de ley a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La primera fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y con ello blindar los comicios a partir de 2027 evitando la postulación de candidatos que estén vinculados con el crimen organizado. La presidenta propone crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas compuesta por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrían que determinar si existe un “posible riesgo razonable” de vínculos entre candidatos y el crimen organizado.
La segunda modificación fue planteada por Ricardo Monreal para establecer la intervención probada desde el extranjero como una nueva causal de nulidad de los procesos electorales. Con ello se buscaría que en caso de comprobarse la existencia de una “intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, los procesos en cuestión fuesen anulados. Lo que se busca tipificar como una intervención extranjera sería el financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas.
Las dos propuestas me parecen fundamentales en función de la realidad que estamos viviendo, por un lado, la presencia del crimen organizado en algunos procesos electorales a través del financiamiento de algunas candidaturas o bien por medio de presiones y extorsiones a las y los candidatos. Y, por otro lado, por la evidente intervención en los procesos electorales latinoamericanos por parte del gobierno de Donald Trump. Estos dos puntos no son hipótesis, sino hechos fácilmente observables.
No olvidemos la intervención de Trump en las elecciones legislativas de Argentina en favor del partido de Javier Milei a quien le prometió recursos por 20 mil millones de dólares para rescatar la alicaída economía argentina siempre y cuando los electores ratificaran en las urnas el apoyo al gobierno de Milei.
La intromisión en las elecciones hondureñas fue todo un entramado que comenzó con el indulto y liberación de Juan Orlando Hernández Alvarado, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico, dos días antes de las elecciones presidenciales de 2025 para suceder a Xiomara Castro, la intervención de Trump influyó ampliamente para que el empresario Nasry Juan Asfura Zablah del Partido Nacional de Honduras al que también pertenece Juan Orlando ganara la presidencia del país.
Con la intromisión en esos dos procesos es evidente que la Casa Blanca buscará meter sus manos en las elecciones presidenciales de Colombia el 31 de mayo, de Brasil el 4 de octubre, en la segunda vuelta en Perú el 7 de junio, y en las legislativas en México el 6 de junio de 2027.
El permanente y profundo extravío de la oposición en nuestro país ha volcado a panistas y priistas a buscar en Washington lo que en México no ha obtenido: el apoyo popular para ganar unas elecciones. Por ello, vemos con frecuencia a Lilly Téllez y Alejandro Moreno, así como otros personajes de Acción Nacional y el PRI viajar a Estados Unidos a buscar respaldos económicos y políticos para apuntalar sus endebles propuestas electorales.
Sin duda, la reforma planteada por Ricardo Monreal me parece de suma importancia para proteger nuestras elecciones de la intervención extranjera. El periodo extraordinario de sesiones iniciará el próximo martes y ambas reformas deben estar aprobadas y promulgadas antes del primero de junio para que puedan aplicarse en los comicios de 2027.
Ojalá así sea.
