Nuevos detalles de alto impacto han surgido en torno al caso del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa cruzó por su propio pie la garita migratoria de Nogales, Sonora, hacia Arizona el pasado 11 de mayo, desde donde el Servicio de Marshals lo trasladó de inmediato a Nueva York.
La jueza federal Sarah Netburn hizo efectiva la orden de arresto y ordenó su reclusión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la misma prisión donde se encuentra recluido el capo Ismael “El Mayo” Zambada.
Mérida Sánchez, de 66 años, enfrenta tres cargos federales —incluyendo conspiración para introducir narcóticos a suelo estadounidense— que podrían costarle una pena de cadena perpetua. Ante esto, el militar en retiro se declaró “no culpable”, un requisito técnico indispensable para abrir la fase de descubrimiento de pruebas y comenzar formalmente a negociar con los fiscales para entregar información a cambio de evitar un juicio.
Filtró 10 redadas al narcotráfico
El pliego de la acusación (indictment) destapó la gravedad de las operaciones del general durante su gestión (2023-2024). De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, a cambio de sobornos de hasta 100 mil dólares, Mérida Sánchez utilizó su posición para blindar a una organización criminal.
Tan solo en 2023, el exsecretario presuntamente alertó al grupo delictivo sobre al menos 10 redadas e inspecciones próximas en narcolaboratorios y casas de seguridad. Este aviso oportuno permitió a las células criminales retirar personal, cargamentos de droga, armas y dinero antes de la llegada de las fuerzas del orden.
Red de complicidades: El Secretario de Finanzas también busca acuerdo
La investigación del Departamento de Justicia apunta a una red de corrupción institucional bajo el cobijo del gobierno de Rubén Rocha Moya (hoy gobernador con licencia de Sinaloa). En el mismo expediente figura Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del estado.
Según reportes judiciales, Díaz Vega había huido inicialmente a Europa tras conocerse la acusación formal el pasado 29 de abril; sin embargo, recientemente viajó a Nueva York con el mismo objetivo que el general: entregarse y negociar un acuerdo de culpabilidad para aportar elementos contra objetivos de mayor nivel.
La postura de Claudia Sheinbaum
En México, el Gabinete de Seguridad confirmó la ruta de escape e ingreso del general a los Estados Unidos a través de redes sociales. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una postura clara respecto al escándalo que involucra a los exfuncionarios sinaloenses:
La mandataria afirmó que su administración no defenderá a nadie de comprobarse la comisión de un delito. No obstante, acotó que si las autoridades estadounidenses poseen pruebas “irrefutables” que vinculen a los señalados con el crimen organizado, estos deberían ser extraditados y juzgados bajo las leyes de México.
Próxima parada: 1 de junio
La jueza Netburn ordenó a los fiscales entregar a la brevedad todo el paquete de evidencias a la defensa de Mérida Sánchez (quien por ahora cuenta con un abogado de oficio). La primera audiencia de revisión quedó fijada para el próximo 1 de junio ante la jueza Katherine Polk Failla, fecha en la que se evaluará si la información y los nombres aportados por el general en retiro han comenzado a rendir frutos para la justicia norteamericana.
