El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, se entregó voluntariamente a las autoridades de los Estados Unidos el pasado lunes 11 de mayo. El exfuncionario militar era buscado por la justicia estadounidense bajo graves cargos de conspiración y narcotráfico.
Aunque las primeras versiones sugerían un arresto, el periodista especializado en seguridad y narcotráfico, Luis Chaparro, confirmó que se trató de una entrega pactada con agencias de seguridad del país vecino.
“Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de los Estados Unidos a inicios de la semana, así lo revelaron fuentes de Estados Unidos”, detalló el periodista a través de sus plataformas digitales.
La acusación: Sobornos de 100 mil dólares al mes
El nombre del general en retiro cobró relevancia internacional el pasado 23 de abril, cuando fue incluido formalmente en una serie de diez acusaciones emitidas por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con el expediente de la fiscalía estadounidense, Mérida Sánchez está acusado de recibir pagos ilícitos de 100,000 dólares mensuales en efectivo por parte de un grupo criminal dominante en la región. A cambio de estos sobornos, el entonces secretario de Seguridad presuntamente utilizaba su poder para:
- No interferir en las rutas y operaciones de tráfico de drogas en Sinaloa.
- Filtrar información sobre operativos de las fuerzas federales mexicanas.
- Garantizar protección institucional para el traslado de estupefacientes hacia la frontera norte.
Un golpe político y de seguridad
La entrega de Mérida Sánchez añade presión política al gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, al tratarse del encargado de la estrategia de pacificación en uno de los estados más convulsos del país.
Fuentes judiciales en Nueva York sugieren que la entrega voluntaria del militar retirado podría formar parte de un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de EE. UU. A cambio de una reducción de su condena, el exsecretario podría aportar información clave sobre la red de complicidades políticas y militares que permiten operar al crimen organizado en el noroeste de México.
El caso avanza de manera acelerada en las cortes neoyorquinas, las mismas que han procesado a figuras de alto perfil de la seguridad mexicana en los últimos años.
