En un nuevo capítulo de la tensión diplomática en materia judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la falta de reciprocidad de Estados Unidos tras la negativa de ese país para extraditar a decenas de objetivos prioritarios. Según la mandataria, el gobierno estadounidense ha rechazado la detención con fines de extradición de al menos 38 personas bajo el argumento de “falta de pruebas”.
Esta revelación surge en medio del debate por la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos. Sheinbaum señaló que la postura de Washington de exigir pruebas contundentes antes de actuar es una práctica que ellos mismos aplican de manera sistemática contra las solicitudes de México.
El informe de las extradiciones negadas
Sheinbaum adelantó que la próxima semana presentará un informe detallado sobre los casos específicos donde la justicia estadounidense ha frenado los procesos iniciados por el gobierno de México.
“Hay 38 casos donde Estados Unidos negó la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. ¿Por qué? Por falta de pruebas”, reveló la presidenta durante su conferencia matutina.
Casos clave: Ayotzinapa y Huachicol
La molestia del Gobierno de México radica en que muchas de estas solicitudes involucran a individuos con doble nacionalidad refugiados en territorio estadounidense, vinculados a crímenes de alto impacto, tales como:
- Caso Ayotzinapa: Personas presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 normalistas.
- Contrabando de combustible: Operadores señalados por robo de hidrocarburos (huachicol).
- Crímenes en territorio mexicano: Sujetos con procesos abiertos que evaden la justicia al cruzar la frontera.
Tensión por el expediente Rocha Moya
Estas declaraciones ocurren en un marco de presión mutua. Mientras México solicita que el gobierno de Estados Unidos entregue las evidencias que sustentan las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros políticos sinaloenses, la presidenta recordó que la justicia mexicana no puede actuar sin un sustento jurídico sólido, tal como ocurre en las cortes internacionales.
Con este anuncio, el gobierno federal busca equilibrar la narrativa de cooperación bilateral, subrayando que la certeza jurídica y el debido proceso son los obstáculos que impiden el avance de las capturas en ambos lados de la frontera, y no una falta de voluntad política por parte del Estado mexicano.
