Tras una jornada crítica que paralizó la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ejidatarios y comuneros de Tonanitla retiraron las barricadas durante la noche del martes. La vía libre hacia la terminal aérea fue reabierta minutos antes de las 23:00 horas, luego de 39 horas de cierre ininterrumpido.

La liberación se dio tras un acuerdo preliminar entre los manifestantes, el alcalde Mauro Martínez Martínez y representantes del Gobierno del Estado de México, quienes lograron establecer un puente de comunicación con el Poder Legislativo local.

El conflicto: 800 hectáreas en disputa

El origen de la protesta es un conflicto territorial histórico. Tonanitla exige al Congreso mexiquense una resolución definitiva sobre aproximadamente 800 hectáreas que también reclama el municipio de Tecámac.

El alcalde Mauro Martínez informó que recibió la notificación del presidente de la Comisión de Límites Territoriales del Congreso local, quien se comprometió a emitir este miércoles la convocatoria para sesionar el próximo viernes y abordar el dictamen correspondiente.

“Si la convocatoria no se publica este miércoles, podrían retomarse los bloqueos en las próximas horas”, advirtió el edil, dejando claro que la tregua es condicional.

Un viacrucis para los pasajeros

El bloqueo, que inició la mañana del lunes, dejó imágenes de caos en la zona norte del Valle de México:

  • Pasajeros a pie: Decenas de usuarios del AIFA tuvieron que caminar kilómetros con maletas en mano para buscar transporte alterno.
  • Saturación vial: El Circuito Exterior Mexiquense, la carretera federal y la autopista México-Pachuca registraron embotellamientos kilométricos al ser usadas como rutas de escape.
  • Limpieza de zona: Durante la madrugada se retiraron tractores, camionetas, llantas y madera que obstruían el paso en el puente de Tonanitla.

Estado de las vialidades hoy

A primera hora de este miércoles, el tránsito hacia el AIFA fluye con normalidad, aunque las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados. La Guardia Nacional y la policía estatal mantienen vigilancia en la zona para prevenir nuevos cierres en caso de que los acuerdos legislativos no se cumplan.