En una nueva misiva dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el vicealmirante Manuel Roberto ‘N’, sobrino del exsecretario de Marina de la pasada administración, denunció ser víctima de un “efecto corruptor” y una violación sistemática a sus derechos procesales. El exmando naval, quien enfrenta la causa penal 325/2025, asegura estar encarcelado sin que existan pruebas de tiempo, modo y lugar que lo vinculen con el llamado “huachicol fiscal”.
En el documento, fechado este 10 de mayo, el acusado señala que tras ocho meses de privación de la libertad, su proceso se ha visto viciado por la reserva de información bajo el argumento de seguridad nacional.
“Seguridad Nacional” como barrera de defensa
Manuel Roberto ‘N’ sostiene que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Marina (Semar) le han negado el acceso completo a la carpeta de investigación. Según su testimonio, la información vital para demostrar su inocencia ha sido clasificada, lo que lo coloca en un estado de indefensión técnica.
“Pretenden reservar por seguridad nacional toda información que sirve para demostrar mi inocencia, por lo que me pone en un estado completo de indefensión”, reclama en la carta.
El “Efecto Corruptor” de la Mañanera
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la vulneración a la presunción de inocencia. El vicealmirante afirma que un día antes de su audiencia de vinculación a proceso, fue exhibido en una conferencia de prensa oficial como culpable de delincuencia organizada.
Para el acusado, esta exposición mediática influyó de manera negativa en el criterio de la autoridad judicial, quien —afirma— dictó el auto de vinculación sin elementos suficientes que acreditaran su culpabilidad en el tráfico ilícito de hidrocarburos.
Un caso bajo la lupa
El proceso contra Manuel Roberto ‘N’ ha generado una atención mediática considerable debido a sus vínculos familiares con la cúpula naval del sexenio anterior. Sin embargo, su defensa apuesta ahora por la intervención directa del Ejecutivo para revisar lo que califican como una “persecución sin sustento jurídico”.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta cuarta carta, la cual se suma a una serie de reclamos por presuntas irregularidades en la integración de delitos relacionados con el mercado ilícito de combustibles.
