México atraviesa una de las etapas más oscuras para quienes dedican su vida a rastrear el paradero de sus seres queridos. De acuerdo con el reciente informe “Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia” de la organización Artículo 19, el 2025 se consolidó como el año más peligroso para los defensores, con el asesinato de siete personas buscadoras.
El documento revela una realidad alarmante: desde 2010 hasta diciembre de 2025, se han documentado 34 homicidios de personas buscadoras y ocho desapariciones. Lo más grave es la aceleración de esta violencia en los últimos años.
Una tendencia que no se detiene
El informe destaca que las últimas dos administraciones federales concentran el 73.81 por ciento del total de agresiones letales reportadas en los últimos 15 años.
- Sexenio de López Obrador: Se registraron 17 asesinatos y una desaparición.
- Gobierno de Claudia Sheinbaum (a la fecha): Ya se han documentado siete asesinatos y seis desapariciones.
“Es particularmente grave que esta tendencia se haya intensificado, pues la mayoría de los casos se concentran en este periodo”, señala Artículo 19.
Las víctimas: Rostros de una lucha silenciada
El informe pone nombre a quienes perdieron la vida en 2025, evidenciando que la violencia no respeta fronteras estatales. Entre las víctimas se encuentran:
- Veracruz: Magdaleno Pérez Santes.
- Tamaulipas: José Gabriel Hernández Tovar.
- Estado de México: Roberto Hernández.
- Zacatecas: Aída Karina Juárez Jacobo.
- Chiapas: Yerli Yartiza Pérez.
Un caso emblemático de esta crueldad es el de Teresa González, quien falleció en abril de 2025 tras luchar seis días por su vida, luego de ser atacada con armas de fuego durante un intento de secuestro.
Fallas en el Mecanismo de Protección
Artículo 19 es contundente al denunciar que los mecanismos de protección del Estado mexicano han fallado sistemáticamente al no incorporar de manera eficaz a las personas buscadoras. Esta omisión las deja en una situación de indefensión total ante amenazas, hostigamiento y violencia directa.
Actualmente, quienes buscan “rascando la tierra” carecen de acceso formal a medidas preventivas, asesoría legal robusta y el acompañamiento especializado necesario para enfrentar un entorno de alto riesgo, donde el peligro no solo proviene del crimen organizado, sino de la opacidad institucional.
