El sector minero en México enfrenta una ofensiva sin precedentes donde el crimen organizado y los intereses corporativos se han entrelazado para vulnerar la libertad sindical. Durante la 44 Convención del Sindicato Nacional de Mineros, el líder gremial Napoleón Gómez Urrutia denunció que empresas internacionales y nacionales están recurriendo a grupos armados para coaccionar a los trabajadores.
Según el dirigente, este modelo de operación busca forzar la deserción del Sindicato Nacional Minero hacia agrupaciones “blancas” o patronales, mediante el uso de la fuerza y amenazas de muerte.
El modelo “Orla Mining”: Intimidación en las asambleas
Gómez Urrutia señaló directamente a la empresa canadiense Orla Mining y su proyecto Camino Rojo en Zacatecas como el epicentro de esta práctica. El líder sindical calificó a estas organizaciones de choque como “narcosindicatos”, al estar presuntamente ligadas a la delincuencia organizada para intervenir en asambleas y obligar a los empleados a votar por grupos afines a la empresa.
Sin embargo, advirtió que no es un caso aislado. El Sindicato Nacional Minero identificó otras unidades que están replicando este esquema de impunidad:
- Plata Panamericana (Zacatecas).
- Américas Gold and Silver (Cosalá, Sinaloa).
- Torex Gold (Guerrero).
“Es una violación total no solo a los derechos humanos, sino a toda la legislación laboral. Hay casos donde han amenazado de muerte a los trabajadores y sus familias”, lamentó Gómez Urrutia.
Exigen cancelación de concesiones
Ante la gravedad de los hechos, el gremio minero ha solicitado formalmente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) medidas contundentes. La exigencia principal es la cancelación de la concesión a la empresa Orla Mining y el retiro del registro a los sindicatos patronales involucrados.
El también diputado federal con licencia subrayó que Canadá posee casi el 70% de la inversión extranjera en minería en México, por lo que es urgente sentar un precedente para evitar que la delincuencia organizada se convierta en una herramienta de gestión laboral en el país.
Un precedente peligroso
Para Gómez Urrutia, permitir que estas prácticas continúen enviaría un mensaje negativo a nivel internacional y pondría en riesgo la seguridad nacional. La denuncia pone el foco sobre la necesidad de blindar las zonas mineras, donde la lejanía de los centros urbanos facilita la operatividad de grupos armados en complicidad con intereses económicos.
“No vamos a permitir que se utilicen métodos criminales para despojar a los trabajadores de lo más elemental: su libertad y su seguridad”, puntualizó al cierre de su intervención.
