Tras el anuncio de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York sobre cargos por narcotráfico y armas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompió el silencio. A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario estatal rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, calificándolas como infundadas.
Rocha Moya aseguró que las acusaciones, que lo vinculan con una red de protección al Cártel de Sinaloa, no tienen sustento legal y que su inocencia será demostrada “con toda contundencia” en las instancias correspondientes.
“Un ataque a la soberanía nacional”
Para el gobernador sinaloense, el proceso judicial abierto en Estados Unidos no es solo un caso criminal, sino un movimiento político con trasfondo internacional. Rocha afirmó que esta imputación representa un ataque directo a la Cuarta Transformación y a los liderazgos que integran el movimiento.
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución”, señaló el mandatario en su comunicado.
Defensa del proyecto político
El gobernador insistió en que el señalamiento de la DEA y la Fiscalía neoyorquina busca desestabilizar la causa política que representa. Según Rocha, la soberanía de México es un principio “invariable e innegociable” que, a su juicio, está siendo vulnerado por la justicia estadounidense al investigar a funcionarios de alto rango en funciones.
Tensión diplomática en aumento
La postura de Rocha Moya añade un nuevo capítulo a la compleja relación de seguridad entre México y Estados Unidos. Mientras en Nueva York el fiscal Jay Clayton y la jueza Katherine Polk Failla preparan el expediente que incluye a otros funcionarios y mandos de seguridad estatales, en Sinaloa la administración estatal cierra filas apelando al nacionalismo y a la defensa de la soberanía.
Hasta el momento, el mandatario sinaloense no ha confirmado si contratará defensa legal en los Estados Unidos o si solicitará la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante lo que considera una “estrategia perversa”.
















