- Columna de opinión.
- Escrita por: Eduardo González Velázquez.
Uno de los universos laborales migrantes más amplios en Estados Unidos lo conforman los trabajadores agrícolas. Sus condiciones de vida y posibilidades de acceso al desarrollo humano no son las mejores. En lo correspondiente a vivienda, salud, educación y recreo muestran carencias y rezagos con respecto a otros grupos de la sociedad. En días recientes CONAPO publicó un compendio sobre salud y migración donde se incluyó el trabajo elaborado por María de Jesús Ávila-Sánchez, Jimena Méndez-Navarro y José Alfredo Jáuregui-Díaz titulado “Acceso a los servicios de salud de los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos, 1989-2022” donde se muestra con claridad las dificultades que estos migrantes enfrentan para acceder, en especial, a los servicios de salud. Demos un vistazo por algunos hallazgos de la investigación mencionada.
El universo de trabajadores en el campo estadunidenses se estima entre 2.5 y 3 millones de personas, de los cuales 19 por ciento son migrantes y 81 por ciento, trabajadores de temporada; 69 por ciento de ellos son de origen mexicano. El salario promedio por hora es de 10.60 dólares. Más de un tercio de las familias jornaleras viven por debajo del umbral de la pobreza, esta situación de precariedad y vulnerabilidad se potencia a consecuencia de que la agricultura ha sido clasificada como una de las industrias más peligrosas con una tasa de mortalidad laboral de 21.4 por cada cien mil trabajadores, muy superior al promedio nacional de 3.6.
La dificultad para acceder a los servicios de salud no tiene que ver solamente con los bajos salarios, sino que se conjugan varias condiciones en contra de los campesinos, a saber: raza, clase social, estatus migratorio, tipo de empleo, la lejanía geográfica de los servicios médicos y la falta de transporte, la escasez de profesionales de la salud en zonas rurales, la limitada disponibilidad de horarios de trabajo para coincidir con los horarios de atención médica, además de la barrera del idioma y que muchas personas, especialmente migrantes indígenas, tienen sistemas de creencias sobre la salud que influyen en su forma de conceptualizar la enfermedad, el tratamiento y la relación médico-paciente.
Todo ello, se conjuga para producir un escenario económico, financiero, cultural y legal que torna compleja la posibilidad de acceder a los servicios de salud. Aunque los hijos de los agricultores muestran mayor cobertura gracias al financiamiento estatal, más de 60 por ciento de los trabajadores continúa sin acceso pleno a esos servicios. Según los datos del Censo de Estados Unidos para 2020, 66.5 por ciento de la población obtuvo su seguro de salud mediante empleadores o fuentes privadas, mientras que solo 34.8 por ciento accedió a seguros públicos como Medicare o Medicaid. Entre las personas hispanas las tasas de cobertura privada son significativamente menores en comparación con las personas blancas no hispanas (49.9% frente a 68.6%) y su acceso a seguros públicos depende altamente de la elegibilidad por ingresos o estatus migratorio.
El trabajo presentado por CONAPO muestra con claridad los márgenes sociales en los cuales habitan las personas migrantes en Estados Unidos y, no obstante, aportar trabajo y generar jugosas ganancias en el sector agrícola, ni el gobierno ni los empleadores hacen lo necesario por garantizarles el acceso a los servicios de salud. Una vez más queda en evidencia que los migrantes aportan, soportan y poco importan para la comunidad de arribo.
