Familiares y representantes legales de un grupo de connacionales expulsados a Estados Unidos presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, a quienes acusan de haber ordenado el traslado de ciudadanos mexicanos sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.
De acuerdo con el documento ingresado ante la autoridad ministerial, la entrega de los connacionales a autoridades estadounidenses se realizó sin que existiera una orden judicial emitida por un juez mexicano y sin que mediara un proceso de extradición formal, lo que, a decir de los denunciantes, constituye una violación grave al marco constitucional.
Los abogados señalaron que en ningún momento hubo una solicitud formal por parte de una autoridad extranjera que fuera tramitada conforme a la ley, ni tampoco un mandato judicial que autorizara la entrega de los ciudadanos a otro país. Por ello, afirmaron que los hechos podrían configurar delitos como traición a la patria y coalición de servidores públicos.
La defensa legal subrayó que esta actuación se habría llevado a cabo al margen de la legislación nacional vigente y de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, los cuales obligan a garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos en cualquier mecanismo de cooperación internacional en materia penal.
Vanessa Guzmán Sánchez, pareja sentimental de Juan Pedro Saldívar Farías —uno de los mexicanos enviados a territorio estadounidense durante enero de 2026—, aseguró que el traslado de su familiar se ejecutó de manera arbitraria y sin que se le informara sobre el procedimiento legal correspondiente.
“Se vulneraron derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el derecho a una defensa adecuada y el principio de legalidad”, sostuvo Guzmán Sánchez, quien enfatizó que cualquier colaboración entre países debe realizarse bajo reglas claras y con pleno respeto a la soberanía nacional.
La denuncia quedó en manos de la FGR, que deberá determinar si existieron responsabilidades penales por la presunta entrega ilegal de ciudadanos mexicanos a autoridades extranjeras sin la intervención del Poder Judicial.
