El Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género acumula 496 inscripciones desde su creación y hasta el cierre de 2025, aunque solo en aproximadamente la mitad de los casos se aplicó una sanción, de acuerdo con datos oficiales.
Este Registro Nacional, constituido en septiembre de 2020, funciona como una lista de consulta pública cuyo objetivo es visibilizar la violencia política de género, evidenciar su recurrencia en distintos niveles de poder y generar conciencia social. En él pueden ser inscritas todas las personas, tengan o no un cargo público.
Regidoras y candidatas, entre las principales víctimas
Según cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), las víctimas pertenecen a distintos cargos de representación y elección popular. Entre ellas se encuentran 186 regidoras, 131 candidatas, 58 síndicas, 52 presidentas municipales, 28 diputadas locales, cuatro diputadas federales y cuatro gobernadoras, entre otros perfiles.
Los datos reflejan que la violencia política contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino una práctica extendida que afecta tanto a aspirantes como a funcionarias en ejercicio.
Violencia psicológica y simbólica, las más frecuentes
Los tipos de agresión más recurrentes registrados fueron la violencia psicológica y simbólica. La mayoría de las víctimas reportó haber sido minimizada, ignorada, segregada, invisibilizada, denigrada o cosificada, principalmente a través de publicaciones en redes sociales y discursos públicos.
Estas prácticas buscan desacreditar la capacidad de las mujeres para ejercer cargos políticos, reforzando estereotipos de género y limitando su participación en la vida pública.
Casos de violencia económica, física y amenazas
El Registro también documenta violencia económica, donde varias mujeres fueron privadas de su salario, destituidas o presionadas para abandonar sus cargos, bajo el argumento de que “no eran capaces” de desempeñar sus funciones por el simple hecho de ser mujeres.
Además, se reportan agresiones físicas y verbales, amenazas en oficinas y domicilios, así como presiones, tocamientos e insultos, utilizados como mecanismos de intimidación para obstaculizar su labor política.
Un pendiente en la aplicación de sanciones
Aunque el Registro representa un avance institucional para nombrar y visibilizar la violencia política de género, el bajo número de sanciones evidencia que la impunidad sigue siendo un desafío. Especialistas y organizaciones han señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación, sanción y reparación, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en México.

















