El Gobierno de México anunció la imposición de aranceles de entre 156% y 210.44% a las importaciones de azúcar provenientes de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), medida que entrará en vigor este martes y que busca proteger a la agroindustria cañera nacional ante la caída internacional de los precios del endulzante.
La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado por la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el documento, los aranceles específicos anteriores (de entre 0.338 y 0.395 dólares por kilogramo) resultaban insuficientes para equilibrar el mercado nacional y garantizar la competitividad del sector. Por ello, el gobierno determinó elevarlos de manera significativa, fijando un arancel del 156% para el azúcar de caña y 210.44% para el azúcar líquida refinada e invertida, según las fracciones arancelarias correspondientes.
Medida busca frenar distorsiones y proteger empleos rurales
La Secretaría de Economía argumentó que la agroindustria azucarera mexicana enfrenta una sobreoferta en el mercado interno, lo que ha comprometido la rentabilidad de los productores nacionales. El incremento arancelario, sostuvo, permitirá restablecer condiciones de equilibrio y salvaguardar los empleos en las regiones productoras, particularmente en los estados del sureste y occidente del país.
“El Gobierno de México tiene la obligación de generar estabilidad en los sectores productivos nacionales y eliminar distorsiones en el comercio, en apego a los compromisos internacionales del país”, señala el decreto.
México mantiene apertura con socios comerciales
La medida no aplica a los países con los que México mantiene tratados de libre comercio o acuerdos comerciales preferenciales, entre ellos Estados Unidos, Canadá y las naciones integrantes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El gobierno federal enfatizó que la decisión respeta plenamente las reglas de la OMC y se encuentra sustentada en la Ley de Comercio Exterior, con el aval de la Comisión de Comercio Exterior.
