Un juez federal estadounidense dictaminó este martes que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el expresidente Donald Trump, constituye una violación de la ley federal, y prohibió el uso de estas tropas activadas en California.
El magistrado Charles Breyer, de la corte federal para el distrito norte de California, falló a favor de las autoridades estatales, al considerar que la decisión presidencial infringe el Posse Comitatus Act, norma que limita el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin autorización constitucional o del Congreso.
“El juicio demostró que los Demandados utilizaron sistemáticamente soldados armados y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, ejercer control de multitudes y, en general, demostrar una presencia militar en Los Ángeles. En resumen, los Demandados violaron la Ley Posse Comitatus”, afirmó Breyer.
Demanda del gobierno de California
El pasado junio, el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta presentaron una demanda contra la Administración Trump, solicitando al tribunal anular la federalización de la Guardia Nacional de California.
Con su fallo, el juez Breyer prohíbe a la Casa Blanca desplegar, instruir, entrenar o utilizar a la Guardia Nacional actualmente activa en California, así como cualquier tropa militar previamente desplegada.
Entre las restricciones establecidas se incluyen:
- Arrestos, detenciones o registros.
- Incautaciones y patrullas de seguridad.
- Control de tráfico y multitudes.
- Control de disturbios, recolección de pruebas e interrogatorios.
- Actuar como informantes.
Implicaciones del fallo
El dictamen representa un precedente clave en la delimitación de las facultades presidenciales frente a los estados, reafirmando que el Ejército y la Guardia Nacional no pueden ser utilizados para tareas de policía sin autorización legal específica.
Con esta decisión, California asegura que la seguridad pública se mantenga bajo control estatal, evitando que se empleen tropas federales en labores de aplicación de la ley, y marca un límite claro a las órdenes presidenciales que violen el Posse Comitatus Act.
