- Columna de opinión.
- Escrita por: Julio Ríos.
- X: @julio_rios.
No es la primera vez que el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco —y sus similares en otros estados del país— se ve envuelto en la controversia. En teoría, estos órganos existen para garantizar que las decisiones gubernamentales se apeguen a la ley y al mismo tiempo para proteger los derechos fundamentales de las personas y el interés público ante posibles abusos de alguna autoridad. Sin embargo, en la práctica, algunas de sus resoluciones han generado dudas sobre si realmente cumplen con ese propósito.
A pesar de que existe una obligación constitucional de interpretar las leyes en beneficio de las personas, especialmente cuando están en juego derechos como el acceso a un medio ambiente sano, en algunos casos, los tribunales administrativos han emitido sentencias que parecen ignorar este mandato. Desde la autorización de gasolineras junto a jardines de niños, hasta la permisividad para devastar áreas naturales protegidas, incluidos bosques, son ejemplos de ello.
Estas decisiones suelen justificarse bajo una interpretación literalista y formalista de la ley, que privilegia tecnicismos sobre el espíritu normativo. En ocasiones, incluso se invalidan procesos por la omisión de requisitos menores que no afectan el fondo del asunto. Esta visión rígida del derecho ha sido utilizada como escudo para avalar proyectos que claramente perjudican a la sociedad.
El caso más reciente —la autorización para construir 17 mil viviendas en Valle de los Molinos, una zona ya saturada y con servicios colapsados— ha reavivado el debate. La sentencia del Tribunal permite una expansión urbana que compromete la calidad de vida de miles de personas, además de poner en riesgo el equilibrio ambiental de la región.
Ante esta situación, afortunadamente el gobernador Pablo Lemus ha decidido impugnar la resolución. La esperanza está puesta en los tribunales federales, en los que suele haber mayor recato y sensibilidad hacia jurídica este tipo de asuntos. De hecho varias resoluciones de juzgados o tribunales federales, confeccionadas técnicamente de manera impecable, demuestran que, efectivamente, las leyes están hechas para proteger al medio ambiente y a las personas, y no al revés.
Aquí cabe hacer un paréntesis respecto a la designación de quienes integran este Tribunal en Jalisco. En su momento, en 2020, estos espacios fueron repartidos bajo la lógica de cuotas y cuates, por la vía partidista y no por criterios técnicos medibles, ni evaluaciones objetivas. Algo de lo que la sociedad civil se ha quejado durante tantos años.
Algunas de las resoluciones cuestionadas han sido justificadas con el argumento de que “no tenían de otra”, porque están “obligados a apegarse a derecho”. Pero curiosamente, en otros casos si ha existido flexibilidad jurídica o los tribunales federales terminan corrigiendo la plana. Señal que sí había de otra.
Entre gitanos no nos vamos a leer la mano, así que no nos engañemos: sí es posible interpretar la ley en favor de las causas ambientales y la convivencia pacífica. Lo contrario solo genera sospechas sobre motivaciones ocultas y contribuye a la erosión de la confianza en las instituciones. El Poder Judicial de Jalisco, uno de los más cuestionados del país, enfrenta desde hace años una crisis de legitimidad que no se resolverá mientras sus decisiones sigan alejadas del interés público.
