Un grupo de 14 jueces y exjueces federales presentaron una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir una reparación integral por la presunta violación de sus derechos humanos, como consecuencia directa de la reforma judicial mexicana impulsada por el gobierno federal.
La solicitud fue dada a conocer este martes mediante un comunicado del colectivo legal que representa a los magistrados, quienes califican la reforma como una amenaza a la independencia del Poder Judicial y un ataque a las garantías constitucionales de los impartidores de justicia.
Una reforma judicial bajo fuego
La reforma, aprobada en septiembre de 2024, establece que los ciudadanos mexicanos elegirán por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, un proceso que se desarrollará en dos fases: la primera en junio de 2025 y la segunda en 2027. La medida representa un cambio sin precedentes en la estructura judicial del país.
Según los firmantes de la queja ante la CIDH, la reforma abre la puerta a la injerencia política y del crimen organizado en el sistema de justicia, al reducir los contrapesos institucionales y desdibujar la separación de poderes en México.
Implicaciones internacionales
La CIDH, organismo autónomo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), no tiene facultades para anular leyes o reformas nacionales, pero sus resoluciones y pronunciamientos tienen un peso simbólico y legal importante en la esfera internacional, particularmente en temas de derechos humanos.
La denuncia llega en un contexto complejo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la reforma como una herramienta clave para erradicar la corrupción y democratizar el acceso a la justicia en México. No obstante, las críticas nacionales e internacionales se intensifican, especialmente ante el clima de tensión comercial con Estados Unidos.
El silencio del gobierno
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una postura oficial respecto a la solicitud presentada ante la CIDH. Sin embargo, en ocasiones anteriores, las autoridades han reiterado que el objetivo de la reforma es combatir redes de corrupción e impunidad dentro del sistema judicial mexicano.
