La transmisión de anuncios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) en los partidos de fútbol de la Liga MX —en los que se les indica a “criminales extranjeros” que no crucen la frontera— fue interpretada como un pretexto oportuno para concretar una transformación regulatoria más amplia. Desde hace varios meses, el gobierno federal mexicano impulsa una transformación de fondo: una nueva ley que concentra las funciones regulatorias en radiodifusión y telecomunicaciones en una entidad subordinada al Ejecutivo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En cuanto a la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la Presidencia al Senado, es clara al establecer que “la Secretaría de Gobernación ejercerá las facultades correspondientes a la administración de los tiempos de Estado […] así como vigilar que las transmisiones de radiodifusión y contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la ley, debiendo sancionar su incumplimiento”
Por otro lado, el proyecto prevé penalizaciones económicas a medios nacionales que emitan por sus señales mensajes de gobiernos extranjeros: “Se impondrán multas de hasta el cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística o cultural y otros casos determinados por la Agencia”.
De ese modo, el nuevo marco normativo elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo, y transfiere sus funciones a la Agencia fundadada en noviembre pasado y encabezada por José Antonio Peña Merino.
“Conforme a la citada reforma Constitucional, (las atribuciones del IFT serán asumidas) por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de formular y dirigir las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, se lee en la exposición de motivos.
