El sistema de pensiones para los ex trabajadores públicos del estado de Jalisco está llegando a su límite.
El IPEJAL es una bomba de tiempo que está a punto de tronar a la administración de Enrique Alfaro. Tal como se previó, el gobernador necesita un esquema financiero que le garantice mayor liquidez y así solventar los compromisos que tiene con los pensionados del instituto. El origen del problema ha sido múltiple. Las decisiones tomadas desde otros gobiernos, convirtieron al IPEJAL en una gallina de los huevos de oro, y ya estamos pagando las consecuencias.
Hoy, el IPEJAL vuelve a ser tema de conversación por dos asuntos que el equipo del gobernador deberá resolver a corto plazo.
Por un lado, la venta de la infraestructura inmobiliaria para recuperar el dinero de los miles de exfuncionarios que dependen de su mensualidad para subsistir. Una de estas inversiones son las polémicas Villas Panamericanas que se construyeron con el dinero de las aportaciones del funcionariado, y que a pesar de que se había puesto en duda la viabilidad del proyecto, el entonces gobernador Emilio González Márquez no dudó en retirar dinero de las arcas del IPEJAL y construir lo que hasta ahora sigue siendo un proyecto costoso y por demás desastroso para el medio ambiente.
El acumulado de la mala gestión no se detuvo a tiempo, y lo peor es que hasta la fecha no se puede identificar a un responsable concreto. Las aportaciones de las y los funcionarios del Estado fueron sustraídas para hacer cualquier tipo de operación financiera y patrimonial, sobre todo por la compra de terrenos y la construcción de inmuebles, bajo un esquema que hasta la fecha no ha quedado muy claro.
Por otro lado, son las ahora llamadas pensiones doradas. Hasta esta semana, se han identificado a 93 ex funcionarios públicos que ganan más de 100 mil pesos al mes. No debería ser un dato escalofriante, de no ser porque varios de estos beneficiarios usaron algún privilegio que hoy reciben mensualidades holgadas que les permite no sólo vivir acomodadamente, sino permanecer en el escenario político de la entidad. El que ha dado mucho de qué hablar es José María Martínez, quien será próximo legislador de la bancada de MORENA. A su corta edad -menos de 50 años- Chema recibirá una pensión por arriba de los 108 mil pesos. El también ex senador panista, afirma que desde los 13 años comenzó a trabajar y que por ley le toca recibir esta compensación.
Pero no es el único. Tras él vienen otros que son de llamar particularmente la atención. El exgobernador Francisco Ramírez Acuña tiene una mensualidad de 178 mil pesos, el ex secretario general de gobierno, Roberto López Lara que recibe 148 mil pesos, o el ex presidente de Tonalá Jorge Arana con 111 mil pesos.
También están los polémicos. El ex auditor Alonso Godoy acusado en su momento de perdonar cuentas públicas, a cambio de favores políticos y económicos, hoy recibe una dieta mensual de 197 mil pesos. Elisa Ayón a quien tuvieron que procesar por corrupción en el municipio de Guadalajara cuando fue regidora, recibe una módica cantidad de 108 mil pesos mensuales. En ese listado se suman el ex magistrado Leonel Sandoval y otros personajes vinculados a la élite política local actual y de antaño que reciben cantidades muy parecidas.
Estas dos variantes que exprimen las finanzas del IPEJAL son las que su actual director Héctor Pizano debe lidiar. Mientras que el problema sigue persistiendo en las inversiones en los activos que el instituto deberá evaluar para su liquidación; las pensiones doradas también se han vuelto un asunto por atender para que su cartera no aumente en el futuro.
La propuesta del gobernador de topar las pensiones a 106 mil pesos por extrabajador es por demás importante. Sin embargo, no deja de llamar la atención que las acciones jurídicas que en Casa Jalisco buscan emprender también incluyan quitar los beneficios que tienen los 96 “pensionados de oro”. Sabemos que la aplicación de la ley no es retroactiva, salvo si ésta beneficia la ampliación de los derechos; y meter de calzador esta propuesta, el gobernador nos llevará a una nueva encrucijada narrativa que no tendrá una lógica argumentativa.
Dicho sea de paso, el problema del IPEJAL no sólo radica en las pensiones y en la falta de liquidez. La impunidad sigue siendo un lastre mayúsculo que de entrada esta administración deberá tomar de frente. Hasta la fecha no se habla de responsabilidades políticas y mucho menos se observa la voluntad para iniciar una investigación profunda para saber, cómo llegamos hasta aquí.
Por lo menos los más de 2,500 pensionados que reciben menos de 4 mil pesos y que corren el riesgo de no recibir más de su dinero, merecen una respuesta.
*Analista político y profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara.
Twitter: @paulalcantar
