A Enya, Brescia, Cynthia, Andrea y Lizeth, mis compañeras funcionarias de casilla, jóvenes ciudadanas comprometidas con México.
Con la jornada de este domingo 6 de junio culminó una etapa que inició en 2018, al elegir por primera vez en la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, un candidato “de izquierda” que con la promesa de combatir la corrupción, desplazó a la clase política gestada en 1991 con las concertacesiones de la época del salinismo, que lo mismo gobernó en México con las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que con las del Partido Acción Nacional (PAN), pero que perdió la confianza incluso de la clase media y alta, ante lo rapaz del último sexenio y la violencia desbordada de los últimos 12 años.
No obstante el resultado de hace tres años, diversos sectores de la sociedad vieron con preocupación cómo el actual gobierno nacional impulsó una deconstrucción del sentido de la justicia, para subordinar la legalidad en aras de un supuesto interés nacional mayor, lo que se tradujo en algunas medidas muy controversiales como la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que amplía el periodo para el cual fue electo el actual Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, así como de los consejeros de la Judicatura Federal, lo que a juicio de destacados constitucionalistas, es contrario a la Carta Magna.
Son múltiples los ejemplos de acciones preocupantes impulsados por el actual gobierno y lo mismo podemos señalar los nombramientos de quienes encabezan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) y sus posteriores gestiones controversiales, así como la retórica constante y permanente del Presidente de la República a favor de desmantelar organismos constitucionales autónomos por ser –a su juicio- vestigios del viejo régimen y el acoso desde el púlpito presidencial a quienes ejercen una postura crítica a su gobierno, ya sean periodistas, académicos, organismos empresariales, defensores de derechos humanos, organismos internacionales y toda aquella persona u organización que cuestione el método de la llamada “Cuarta Transformación” (4T).
Si bien es cierto que los partidos que se han alineado en torno a la 4T conservarán mayoría en San Lázaro, el número de curules obtenidas en las elecciones del 6 de junio no era la deseada para impulsar su agenda sin depender de negociaciones y acuerdos con quienes han calificado de “la mafia del poder”, entiéndase principal, aunque no exclusivamente: el PRI, el PAN y otros actores.
Y aunque obtuvieron varias gubernaturas, no se puede soslayar la caída de la 4T en su principal bastión: la Ciudad de México, ya que son llamadas de atención que si se leen con atención y profundidad, reflejan inconformidad con la forma de hacer, ser y parecer en el gobierno.
Las otras dos zonas metropolitanas más grandes del país, Monterrey (ZMM) y Guadalajara (ZMG) se comportaron como diques de contención ante la aparente fuerza de la ola morenista; en el caso de la (ZMG), Movimiento Ciudadano (MC) se queda prácticamente con todos los municipios que la componen a excepción de Tonalá y respecto a la (ZMM), MC se queda con Monterrey, el PAN con Santa Catarina, San Nicolás de los Garza; la coalición PRI-PRD obtuvo Apodaca y Guadalupe; y quien fuera Alcalde y contendió como candidato independiente, Miguel Bernardo Treviño De Hoyos, seguirá gobernando San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos del país. Y lectura aparte merece el triunfo de Samuel García (MC) como gobernador de Nuevo León.
Un hecho innegable es que las grandes metrópolis –la mitad de la Ciudad de México incluida- decidieron brindar su apoyo a opciones distintas a las ofrecidas por el partido que protagoniza la llamada 4T, por considerar que el camino que ofrece no es el mejor, por negarse a decisiones centralistas (que tienen que ver con el hiperpresidencialismo lopez obradorista) y porque la clase media del país se niega a abrazar un proyecto que amenaza con desmantelar los avances –muchos o pocos- que en la construcción de la democracia mexicana se han obtenido, como el poner límites a la voluntad de una sola persona a través de la construcción de contrapesos al poder, la transparencia al ejercicio del poder público, la exigencia de rendición de cuentas y el respeto a la legalidad.
Y uno de los puntos más sensibles que influyeron en los resultados de la jornada del 6 de junio -y que por sí mismo da para tesis de doctorado- es lo que se considera una traición a la agenda de pacificación del país y de combate al crimen organizado, ya que por una parte lejos de impulsar el trabajo de inteligencia y construcción de seguridad ciudadana, se ha militarizado la vida del país en una constante gradual y progresiva de la participación de militares en la gestión de instituciones públicas en áreas clave, ya no sólo en seguridad.
En síntesis, se frenó la intención morenista de gobernar a la vieja usanza: por decreto y con mayorías legislativas abyectas y genuflexas, pero no nos engañemos, debemos defender la democracia y cultura de la legalidad con más ahínco a partir de hoy, ya que lo que puede suceder y que ya ha sucedido, es que la oposición continúe votando a favor de los proyectos de talante autoritario del Presidente, porque saben que en las negociaciones esto les puede dar bastantes dividendos de todo tipo; al final del día, en 2024, vendrán a decirnos que los únicos culpables fueron quienes hoy ocupan el gobierno federal, aunque la oposición les haya votado a favor todas sus ilegalidades, retrocesos en materia de derechos humanos y controles democráticos que, en un futuro significan mejores condiciones para ejercer el poder sin contrapesos, sin transparencia y sin consecuencias a los excesos.
La carrera al 2024 comenzó ayer
