En septiembre de 2014, José Luis Abarca era solamente el presidente municipal de Iguala Guerrero.
Pero tras las desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y una investigación a cargo de la DEA, se detectó que el funcionario, junto con su esposa, mantenía una relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, que se encargó del secuestro, asesinato y desaparición de los normalistas.
Hoy, a casi seis años del terrible capítulo de Ayotizinapa, el cual puso a México en el centro de la atención mundial por la violación de derechos humanos, y tras una verdad histórica derrumbada, más de 70 acusados, entre sicarios y policías implicados están libres. A esta lista se sumarían dos personas más.
Según Luis Argüelles, abogado de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, estos dos personajes -supuestamente- acusados de haber estado ligados a las corporaciones de la delincuencia organizada implicadas en la desaparición de los 43 estudiantes, tienen ya un pie fuera de la cárcel.
La clave para que la pareja quede en libertad depende de sí en la próxima audiencia no se presentan los testigos protegidos que declararían en su contra.
Ya desde hace dos meses los dos acusados habían ganado un amparo que dejaba sin efecto el auto de formal prisión, al que el Ministerio Público le interpuso un recurso de revisión. Sin embargo, un Tribunal colegiado se encuentra analizando el tema, porque se les habrían violado sus derechos, pues no se les informó en ningún momento la identidad de los testigos protegidos que declararon contra ellos.
Según el abogado, las autoridades no han logrado acreditar que los Abarca pertenecían a la Delincuencia Organizada, y el amparo les alcanzó incluso contra el delito de operación con recursos de procedencia ilícita del que se les acusaba.
Además recordó que la pareja guerrerense jamás han sido acusados por la desaparición de los estudiantes de Ayotizinapa.
Sin embargo, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos “comprobó” que aquella noche de la desaparición de los normalistas, estuvieron involucrados policías de cuatro municipios: Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco; elementos estatales, y de la Policía Federal Ministerial, quienes cooperaron con integrantes del Crimen, bajo las mirada del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Por su parte, María de los Ángeles Pineda Villa, fue la operadora financiera de sus hermanos Alberto y Mario Pineda Villa, quienes trabajaron junto a Arturo Beltrán Leyva
