Los diputados locales del Congreso de Jalisco dejaron de lado la delicadeza y la diplomacia política, para emprender una guerra frontal en contra del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro Cabrera, acusó –sin más pruebas que su dicho- a los integrantes del CPS de llevar una agenda política propia e impulsar sus interese y conminó a los integrantes del Comité a publicar sus #3de3 (declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales).
Esta fue la reacción a los posicionamientos y desplegados – uno de ellos firmado por intelectuales y académicos de prestigio nacional que respaldan a los integrantes del CPS – en los que se cuestiona el desaseo en la elección de los Consejeros de la Judicatura, la cual generó el repudio social porque a los diputados ignoraron los resultados de los exámenes para designar a personajes que no habían aprobado.
En la Junta de Coordinación Política se aprobó con el voto de MC, PAN, PRD, PT y Verde – Morena y el PRI se abstuvieron- un punto de acuerdo en el que se lanza así contra el CPS en el que “con motivo de los ataques infundados de los que ha sido objeto el Poder Legislativo posterior al proceso de selección de vacantes dentro del Consejo de la Judicatura Estatal por parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, solicitan a sus integrantes conducirse conforme a la ley y rechazaron categóricamente los señalamientos contra la selección de los nuevos consejeros”.
Los diputados que se dicen víctimas de una campaña de desprestigio, arremetieron así:
“Se dedican a impulsar intereses políticos a través de la manipulación de la opinión pública, no obstante que dichos integrantes le cuestan anualmente a los jaliscienses más de 6 millones de pesos por realizar funciones para las cuales no fueron designados, demostrando así una total desvergüenza al realizar anualmente un pobre trabajo institucional a la vez que, al margen de la ley, realizan actividades políticas que no son propias de su encargo”.
E incluso, lanzaron un misil que a todos sorprendió:
“Consideramos socialmente necesario que en congruencia con la transparencia pública que exigen los integrantes del CPS del SEAJAL se manifiestan públicamente respecto a los señalamientos de acoso sexual que versan en dos de sus integrantes”.
Ya a inicios del año, el diputado panista Jesús Hurtado intentó presentar una iniciativa para quitarles el salario a los integrantes del CPS –en un intento de debilitarles- y arremetió contra David Gómez Álvarez, a quien acusó de tener ligas políticas y conflictos de interés por su paso previo como Subsecretario de Planeación con Aristóteles Sandoval.
La resistencia de la clase política hacia los organismos autónomos ha sido común. Pasó con el IEPC (al que crearon y luego desmantelaron en dos ocasiones) y con el ITEI (al que intentaron incluso negarle su autonomía en aquel lejano 2005).
Ahora ocurre con el CPS, otro triunfo ciudadano.
Con este punto de acuerdo, la guerra frontal está declarada.
