El Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción de Jalisco es un orgullo a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, según con el estudio de Buenas Prácticas en la Implementación y Operación de Sistemas Anticorrupción, elaborado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) el de Jalisco, aparece como un ejemplo a seguir.

Pero a pesar de ello, hay un diputado que parece querer debilitarlo. Se trata del panista Jesús Hurtado, quien pretende que se le quite el sueldo a los integrantes del CPS (reforma que no sería retroactiva). Su argumento es que, según él, se está pervirtiendo el organismo y que los 80 mil pesos que recibe cada integrante, es mucho dinero, y supuestamente, se tiene que regresar al origen, cuando no cobraban. Y hasta dice que el Comité se mete a cosas que no le incumben.

Se equivoca el diputado Jesús Hurtado.

Dioutado Chuy Hurtado.

En primer lugar. Cuestan mucho más algunos diputados, con una efectividad legislativa muy baja. Cada legislador representa un gasto de 24 millones de pesos al año con todo y sus colaboradores. El periódico El Informador publicó que esos 24 millones de pesos no los recibe ni el Instituto Jalisciense de Salud Mental y el de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, completos.

En segundo lugar. El Comité de Participación Social desde su nacimiento, ha otorgado apoyo económico a sus integrantes. No es un sueldo, sino que se les paga por honorarios. No crean antigüedad , ni reciben bonos millonarios, gasolinas o secretarias como si ocurre con consejeros del INE, por ejemplo. En el CPS el gasto es mucho menos gravoso que lo que pueda dilapidarse incluso con algunos funcionarios del Congreso. Eliminar estas percepciones por supuesto que provocaría que haya menos interesados en dedicar su tiempo a las labores de este Comité y desalentará a perfiles con alto conocimiento técnico. Porque si bien, el carácter ciudadano es necesario para integrar el CPS, también se requiere un alto grado de especialización.

En tercer lugar. Si el CPS realiza evaluaciones de los aspirantes a diversos cargos es porque así lo dice la ley. O porque han sido los mismos diputados los que se los piden. Ahora ya no les gusta, porque los legisladores ya no pueden elegir a sus cuates en diversos puestos.

Mucho critica el diputado Hurtado la evaluación a los candidatos a la Procuraduría de Desarrollo Urbano, porque supuestamente calificaron muy alto a una candidata. El tema se puede discutir, pero al menos, el CPS sí transparenta una metodología de evaluación, con puntajes claros.

En contraste, tradicionalmente en el Congreso de Jalisco–excepto por Pedro Kumamoto- pocos, o ningún diputado justifica el sentido de su voto por tal o cual aspirante a un cargo. Solo votan en bloque. Eso atenta contra los principios de la rendición de cuentas que nos enseñaron en la universidad. Los teóricos recomiendan informar, pero también explicar por qué toman las decisiones. De otro modo la transparencia es incompleta.

Entiendo que el principal cuestionamiento del diputado Jesús Hurtado es por la reciente incorporación de David Gómez Álvarez. Su nombramiento, si bien tiene bemoles para algunos analista de la vida pública, no son tema de este artículo, pero de ahí, a descalificar a todo el Comité, que está integrado por personas intachables (para mi los cinco lo son, comenzando por su presidenta, la doctora Lucia Almaraz), es otro cantar.

Y otro punto. La iniciativa de Jesús Hurtado, contraviene el criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la Acción de Inconstitucionalidad 119/2017, la SCJN determinó el 14 de enero de 2020 que las entidades federativas, al establecer sus respectivos sistemas locales anticorrupción en términos del articulo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser equivalentes al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo vínculo legal se establece a través de contratos de prestación de servicios profesionales.

Además el CPS no hace labores de fiscalización como arguye el diputado en varias entrevistas, cuando insinúa que algunos integrantes del CPS van a cuidar ciertos intereses de grupo. Hay que aclarar además, que el CPS no mete a funcionarios a la cárcel. Si no hay corruptos presos, a quien hay que reclamarle es a la Fiscalía Anticorrupción y al Poder Judicial (que también forman parte del Sistema, pero no son todo el Sistema).

El CPS más bien es una instancia de vinculación y su presidenta también encabeza al Comité Coordinador. Este organismo además elabora insumos técnicos y las evaluaciones que tanto molestan a algunos diputados. La iniciativa del panista Hurtado de paso demuestra que hay quienes no entienden la naturaleza del sistema, pero sobre todo la naturaleza del CPS.

¿Entonces qué es lo que hay de fondo?

Sencillo. En los próximos días, el Congreso habrá de elegir a ocho magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a tres consejeros de la Judicatura. Y al ser evaluados por el CPS (como lo ordena la reforma avalada por estos mismos diputados hace unos meses) quizá algunos legisladores se sienten incomodos porque no podrán nombrar a su gusto, pues el hecho de publicar antes las calificaciones podría atarlos de manos antes posibles críticas.

Por eso este amago.

Que se centre en el argumento en convertir al CPS en un organismo honorífico implica debilitar la parte ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que fue una de las grandes luchas y victorias de la sociedad civil.

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