El pasado miércoles 11 de septiembre se aprobó, en el Congreso del Estado, una modificación en nuestra Constitución local que abre la puerta para que el Gobernador convoque a una gran asamblea que redacte una nueva Carta Magna para Jalisco.

Sin duda en Jalisco hay muchas cosas que corregir en nuestra ley máxima. Algunas de éstas, incluso, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el caso del matrimonio igualitario, que ha sido confinado a la congeladora de las comisiones legislativas.

Otros pendientes, como lo es garantizar un Poder Judicial y una Fiscalía verdaderamente autónomos y libres de corrupción, ajenos a los intereses de los distintos grupos políticos de la entidad, tampoco prosperan porque los mismos actores que forman parte del Gobierno siguen manipulando a los tribunales para impulsar los asuntos inmobiliarios que les interesan y detener en ellos las causas y luchas de las personas comunes, como el aumento al transporte.

El Grupo Parlamentario del PRI, de lejitos y como la única oposición que existe en Jalisco, votó en contra de esta iniciativa. Algunos han querido señalar que nos oponemos a la participación de la gente. Nada más lejos de eso.
Nuestra bancada ha sido una gran impulsora de los mecanismos de participación ciudadana y popular. El sexenio pasado impulsamos un marco legal para ampliar los derechos de las personas en la toma de decisiones para el Estado.

En esta legislatura, hemos pedido crear herramientas digitales para que los ciudadanos, los de a deberas, puedan incidir en el trabajo no sólo del pleno sino también de las comisiones. Esta propuesta por cierto ya fue aprobada por la Asamblea, pero curiosamente las fracciones que representan al Gobierno Federal y al Estatal han retrasado su implementación.

También nos hemos manifestado a favor de una reforma Constitucional integral y hemos apoyado las iniciativas de reforma a nuestra Constitución que ha pedido el Ejecutivo, precisamente cuidando los aspectos legales y los procesos legislativos para que sirvan en realidad a beneficiar a todas y todos nosotros.

Nos opusimos a la engañosa propuesta de un Constituyente, que como hemos insistido quedó como una mera mesa redactora, porque creemos que en este momento hay muchas cosas más urgentes que debemos resolver.
No nos han dicho cuánto va a costar este “Constituyente”. Lo cierto es que aunque los representantes sean honorarios y no cobren, habrá que gastar en al menos su elección y en la logística para que esa asamblea, paralela al Congreso del Estado, funcione.

En 2015, la elección intermedia costó a Jalisco 270 millones de pesos. La elección de los representantes de esta mesa redactora podría costar algo similar. ¿Qué no existen miles de cosas más urgentes en las que debe invertir Jalisco?

En Jalisco, en lo que va de 2019, 30 mil bebés que han nacido en este periodo no recibieron sus vacunas de SRP; y el abasto de medicamentos es de apenas el 70%.

En nuestro estado, este 2019, se han perdido 6 mil empleos. En lo que va del año han asesinado a 154 mujeres, desaparecen 14 personas al día, se encuentran cuerpos embolsados un día sí y otro no, mueren decenas de policías en ataques directos de los criminales, asesinan un padre delante de sus pequeñas y a ellas las secuestran. ¿Todo esto se va a resolver con una nueva Constitución?

¿Cómo convencemos a la gente de que el trabajo del “Constituyente” se va a traducir en un Poder Judicial independiente cuando el Gobierno lo manipula para desahogar sus intereses inmobiliarios?

¿Para qué redactar postulados ambientalistas si lo que les urge es destrabar un conflicto administrativo a costa de la contaminación de los mantos freáticos en El Bajío?

¿De qué servirá establecer los derechos colectivos en una Constitución, si en la práctica se aumenta autoritariamente el costo del Transporte Público?

Por todo esto es que el “Constituyente” nos parece un capricho, un mero artilugio publicitario y no una verdadera refundación, como nos lo quieren vender.

Posicionamiento de la legisladora durante la sesión de aprobación del Congreso Constituyente el pasado 11 de septiembre.